Colima, México. Avanzada (19 de marzo de 2014).- Aunque no existe cifra oficial sobre las personas muertas en retenes militares, los medios de comunicación del país han contado las tragedias que han vivido las familias de las víctimas.
Niños, mujeres, hombres, ancianos, han perdido la vida en manos de la Policía, Ejército o la Marina desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa implementó una estrategia de seguridad contra el narcotráfico que ha dejado más de 100 mil muertos.
Los asesinatos de personas inocentes han obligado a que autoridades como el Ejército paguen indemnizaciones a las familias de las víctimas, lo anterior de acuerdo con un reporte de transparencia que publicó la página de animal político en 2013.
Entre las tragedias documentadas se encuentra la que apareció en la página del periódico La Jornada en el 2010, cuando militares dieron muerte a tres estudiantes de Reynosa, Tamaulipas, a quienes dispararon porque ignoraron la señal de alto que les marcaron cuando circulaban en una camioneta por la carretera La Ribereña, cerca del poblado Los Cavazos.
Los militares accionaron sus armas en contra de la camioneta en la que se desplazaban los estudiantes, quienes no portaban armas de fuego, ni drogas. Ese mismo año en Nuevo Laredo, otros siete jóvenes que se desplazaban en una camioneta fueron baleados por policías federales que los consideraron sospechosos, porque no se detuvieron cuando les hicieron el alto. Uno murió, dos resultaron heridos de bala y cuatro fueron golpeados por los agentes.
A finales de ese año las notas periodísticas explicaron que militares abrieron fuego con armas de grueso calibre contra una camioneta, donde viajaban 13 familiares, arrojando un saldo de dos niños muertos y dos adultos heridos graves.
Las familias, originarios de Nuevo Laredo, se dirigían a la playa de Matamoros para celebrar el Domingo de Pascua.
Las víctimas fueron los hermanos Lucero Michel y Martin Almanza Salazar, de 5 y 7 años de edad, respectivamente. Los heridos fueron Martín Almanza, padre de los menores y Carlos Rangel, tío de los mismos.
Asimismo, CNN México informó que dos jóvenes murieron tras presuntamente evadir un retén de seguridad, encabezado por fuerzas federales e instalado en el municipio de Jalpa de Méndez, de acuerdo con la procuraduría estatal.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, comerciante de ropa; y Ramón Pérez Román, de 23 años, trabajador de Pemex. Los jóvenes circulaban en una unidad marca Ford, Expedition, la cual fue baleada en el entronque que lleva a la central camionera, la cual presentaba múltiples impactos de bala, al parecer calibre R-15.
El señor Adán Abel Esparza Parra, también sufrió en carne propia el exceso de los retenes policiacos y militares. Sus hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar.
De acuerdo con el portal Animal Político cuando se interrogó a la autoridad sobre el número de bajas civiles “inocentes” en el combate al narcotráfico, la SEDENA eludió dar los datos precisos y los nombres porque corresponden a “datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión”.
Sin embargo, el reporte señala que al menos la Sedena ha pagado en los últimos 4 años (hasta el 2013) un total de 67 indemnizaciones por personas muertas y heridas, que equivale a una bolsa de 11 millones 966 mil 553 pesos.
Adán Esparza Parra perdió a toda su familia y el pulgar de la mano izquierda el 1 de junio de 2007. Un regimiento de 19 militares mató a su esposa, a sus tres hijos, así como a su hermana cuando viajaban camino al poblado de Ocorahui en el municipio de Sinaloa de Leyva.
La familia de Adán Abel, así como una maestra rural que los acompañaba, todos originarios de la comunidad serrana de La Joya de los Martínez, Sinaloa, viajaban en una camioneta cuando se toparon con el regimiento de militares, quienes les dispararon.
Con el pulgar destrozado, Adán abandonó el asiento del conductor y le gritó a los uniformados que no dispararan porque los pasajeros eran mujeres y niños. La respuesta militar fueron más tiros, hasta que la camioneta se colapsó al fondo de una breve barranca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no sólo evidenció la mortal “equivocación” en la recomendación 040 de 2007, sino se fue más allá: documentó que los militares, “lejos de proporcionar el auxilio y la atención médica oportuna o implementar las acciones correspondientes para tal fin”, mantuvieron a los heridos en el lugar de la agresión “por más de tres horas”.
Descubrió también que el responsable del pelotón buscó relacionar a los Esparza con actividades delictivas, pues ordenó a sus subalternos colocar un “costal de hierba verde, al parecer marihuana”, en las inmediaciones donde quedó volcada la camioneta que tripulaba la familia agraviada.
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