Colima, México. Avanzada (8 de mayo de 2014).- Contrario a las características correspondientes que deben mostrar quienes trabajan en el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, J. Cruz Ortega Aguilar, empleado en la citada dependencia, realizó un comentario políticamente incorrecto, con una palabra sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues denigra a un grupo social, con el objeto de insultar, en este caso, una publicación periodística.
En la semana, este medio publicó una imagen en donde cuestiona, de forma seria, si un próximo evento de globos aerostáticos en Colima es un asunto con el peso suficiente para considerarlo de Fomento Económico, o cuya trascendencia quedaría al nivel de un espectáculo más cercano a la secretaría de Turismo o de Cultura, lo cual llevaría a concluir que se trata de un acto de promoción política. Es decir, el artículo aborda un evento de interés público que es analizado para generar opinión en nuestros lectores.
Sin embargo, al funcionario estatal la crítica elaborada por esta redacción le resultó molesta y antes que argumentar su punto de vista escribió con visible cólera: “Puto periódoco de mala leche!!” (Sic), utilizando un vocablo que desde marzo del año pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no está protegido por la libertad de expresión y usarlas puede dar lugar a demandas por daño moral:
“Las expresiones homófobas, esto es, el discurso consistente en inferir que la homosexualidad no es una opción sexual válida, sino una condición de inferioridad, constituyen manifestaciones discriminatorias, ello a pesar de que se emitan en un sentido burlesco, ya que mediante las mismas se incita, promueve y justifica la intolerancia hacia la homosexualidad”, afirmó la mayoría de ministros, quienes votaron 3 a 2 sobre que el uso de estas expresiones en el contexto de una disputa entre los periodistas fue una conducta discriminatoria que provocó daño moral al destinatario.
Los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votaron a favor de que “las manifestaciones homófobas son una categoría de discursos de odio, los cuales se identifican por provocar o fomentar el rechazo hacia un grupo social. La problemática social de tales discursos radica en que, mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos.”
La agravante, en este caso es que Cruz Ortega Aguilar, es un funcionario público, que se encuentra en la nómina de la Secretaría de Educación Pública con un sueldo de 17 mil 859.48 pesos, con una plaza de jornada, según indica el portal oficial dentro del documento “Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA).
(http://www.sep.gob.mx/work/appsite/FAETA-INEA/06_COLIMA/I06-04-3T2013.pdf)
Personal del IEEA confirmó a este medio que esta persona trabaja en el lugar.
Lamentablemente, estos hechos se repiten en diferentes estados, en donde trabajadores de gobierno entran en estados ira por alguna publicación o declaración de otros usuarios en redes sociales. Tal es el caso de Yazmin Orta, empleada del Ayuntamiento de Veracruz, quien llamó marginales y expresó su deseo de lanzarles una bomba molotov a un grupo de trabajadores que se manifestaban afuera del Palacio Municipal.
A través de su cuenta de Facebook, la trabajadora, que se ganó el repudio de los internautas bajo el alias de “Lady Palacio”, escribió en su muro: “Dónde consigo una bomba Molotov?? Quisiera aventarsela a todos los maginales que están gritando JUSTICIA afuera de Palacio”. (Sic)
Los medios locales reportan que este caso se presentó menos de una semana después de que Xóchitl Lagunes Bárcenas, hija de Pascual Lagunes, líder del sindicato de Tamsa, arremetió en su cuenta de Facebook en contra de la prensa luego que reporteros y camarógrafos fueron agredidos por trabajadores de la planta afines al dirigente, en el desfile del 1 de mayo.
Otro hecho similar es el de el jefe del departamento de Prevención del Delito del municipio de Gómez Palacio, Durango; Víctor Hugo Carrillo Pérez, quien fue destituido del cargo por el alcalde José Miguel Campillo, luego de escribir en su cuenta de Twitter la siguiente frase: “A todos esos que dicen mayo sorpréndeme, ojalá los violen para que en verdad queden sorprendidos”.
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