La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-INFRA, por sus siglas en inglés) tiene claro que en México la prensa es censurada, no obstante el tipo de censura que la asociación denuncia va más allá del intento por silenciar a las voces críticas; la WAN-INFRA considera que los medios nacionales viven una censura indirecta ejercida por los Gobiernos federales y estatales, por medio de la asignación de la publicidad oficial, ya que mientras a los medios críticos se les castiga con el cese del pago de anuncios, a otros medios que realizan coberturas favorables se les recompensa con la compra de espacios.
“En México, la asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral del complicado panorama mediático del país. Sin reglas claras y precisas, permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas. Los gobiernos federal y locales utilizan la publicidad oficial para dar forma a la línea editorial de los medios de comunicación y empujar agendas partidistas”, dice parte del informe: “La Compra de la Obediencia: Publicidad Gubernamental y Censura Indirecta en México”, elaborado por la asociación en colaboración con los organismos nacionales Fundar y Artículo 19.
“La asignación opaca y arbitraria de la publicidad oficial restringe el pluralismo y la diversidad de voces mediante la financiación selectiva de medios de comunicación que apoyan a los funcionarios y sus políticas”, agrega. “Algunos dueños de medios se asocian con políticos en una relación basada en la corrupción que genera beneficios y poder para ambos.. Muchos medios de comunicación mexicanos se han convertido en adictos a los fondos públicos, corrompiendo la base ética del periodismo. A menudo se ofrecen artículos alabando o criticando a políticos específicos como palanca para negociar contratos de publicidad gubernamental más lucrativos”.
WAN-INFRA también señala que Televisa y TV Azteca juegan un papel clave en la concentración de la publicidad. “El creciente poder económico de estas dos empresas de medios de comunicación ha aumentado su influencia en la vida política del país. Estas empresas dominantes a menudo sesgan debates democráticos hacia su propio interés”.
Asimismo, la organización exhibe que en ningún momento se ha podido comprobar que la publicidad oficial genere un impacto positivo en los medios de comunicación seleccionados. “Los gobiernos federal y estatales gastan cada año cerca de 12 millones de pesos en publicidad, sin tener ninguna indicación clara de que ésta sea eficaz o llegue a los grupos a los que está destinada”.
Además de otras medidas, WAN-INFRA propone la creación urgente de ley que garantice una publicidad oficial justa y transparente, con base a los principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.