Tortura y malos tratos, constantes en México; ONU
México DF, mayo 03 de 2014. En México persiste una situación generalizada de tortura y malos tratos. Si bien organismos oficiales y de derechos humanos reportaron una baja en el número de denuncias de tortura de y malos tratos en los últimos tres años; se recibieron un gran número de quejas e información con amplia documentación sobre situaciones en las que persiste este delito por parte de fuerzas armadas, cuerpos policíacos y agencias ministeriales, explicó Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
En conferencia de prensa tras finalizar su visita en México, el integrante de la agencia internacional, refirió que la tortura y malos tratos se registran principalmente después de la privación de la libertad de las personas y antes de la puesta a disposición de la justicia mediante el uso de insultos, amenazas intimidatorias, golpes, asfixia, toques eléctricos, sobretodo en genitales, desnudez forzada, asfixia húmeda y violencia sexual.
Agregó que éstas se dan para obtener confesiones e información de los detenidos sin haberse iniciado una investigación, en la mayoría de los casos, en situaciones relacionadas con delitos asociados a la delincuencia organizada.
En cuanto al delito de tortura, en México aún no existe una definición clara en las diferentes entidades del país por lo que se tendría que realizar una homologación del concepto en las leyes locales de acuerdo con los estándares internacionales, informó el relator quien consideró que se deben respetar los protocolos y medidas internacionales para prevenir la tortura como el protocolo de Estambul.
Añadió que también observó una ausencia de sentencias condenatorias, lo cual conlleva a una persistente impunidad y un gran período de tiempo en las investigaciones. Además de la existencia de una tendencia de detener para investigar y no de investigar para detener.
Asimismo, indicó, queda pendiente resolver la situación de la figura del arraigo para lograr su total desaparición, medida planteada para 2016.
Méndez informó a esta agencia que en las próximas cuatro semanas revisará y estudiará documentos como el informe “La violación de los derechos humanos de las mujeres transgénero que se dedican al trabajo sexual en Chihuahua, México quienes han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes y se les ha vulnerado su derecho a la integridad y seguridad personal” presentado por el Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt” de la organización civil Letra S y otras 11 organizaciones de diferentes entidades de la República Mexicana, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, con el fin de emitir las recomendaciones referentes a la situación de las mujeres trans en Chihuahua.
En el caso de las mujeres, el defensor de derechos humanos observó hacinamiento, torturas y malos tratos por el simple hecho de ser mujeres después de la detención, así como insultos, violencia sexual, incluida la violación, además de obstáculos legales, administrativos, sociales y culturales, incluidos el hostigamiento y la humillación, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
De visita en México desde el 21 de abril pasado, Juan E. Méndez viajó a entidades como Nayarit, Chiapas, Baja Califonia y Nuevo León. Visitó Centro Federal de Readaptación Social, Centro Nacional de Arraigo, Centros de Privación de Libertad de Menores Infractores, Centro de Asistencia e Integración Social, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Centros de Readaptación Estatales y Estaciones Migratorias.
Sin embargo, denunció, se le negó el acceso a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde se documentaron varios casos de tortura.
El informe final de la visita será enviado de manera confidencial al gobierno de México antes de octubre y se esperará una respuesta 30 días después de haber sido recibido. La discusión final del reporte se dará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2015.