El director de Estudios Parlamentarios del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Luis Mendoza Cruz, reveló en conferencia que de cada 100 delitos cometidos en México únicamente llegan cinco al juez, de los cuales sólo uno alcanza sentencia, lo que imposibilita el acceso a la justicia.
Esto en el contexto del plazo faltante de dos años para que termine de implementarse la reforma constitucional sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de inocencia y los juicios orales.
Así mismo, indicó que no solamente faltan recursos para implementar el nuevo sistema de justicia sino también superar “las resistencias al cambio”.
Por su parte, en el ciclo de conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en el pleno respeto de los derechos humanos, el juez Gabriel Alejandro Palomares Acosta añadió que en cuanto a los aspectos normativos, hace falta la emisión de códigos, leyes y reglamentos necesarios para la puesta en marcha del sistema; en los humanos, afirmó, se requiere capacitar, actualizar y formar al personal que se encargará de operarlo.
Además, apunto que en relación con los materiales, consideró que el mobiliario con que cuentan actualmente las instalaciones es poco útil para que el público presencie las diligencias; y hace falta implementar un nuevo equipo de cómputo, comunicación, captación y transmisión de datos.
Destacó también que en los seis años que ya han transcurrido para la implementación de este sistema, que deberá materializarse en todo el territorio nacional en el 2016, hace falta voluntad política para emitir las legislaciones correspondientes y recursos disponibles.
Comentó que el tiempo y recursos que demanda dicha implementación, así como el grado de avance que hasta ahora se tiene, resulta comprensible ante la complejidad que entraña el ponerlo en funcionamiento.