México DF, mayo 07 de 2014.- A ocho años de los operativos policiales de 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte de agentes policiales de los tres niveles de gobierno; quienes mantienen una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentan la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, que busca generar lazos de solidaridad con casos similares.
Las mujeres denunciantes visibilizarán a través de la campaña el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos, en la supuesta protección que deberían proveer a la sociedad. Asimismo, se evidenciará la tortura y la represión como mecanismos de control que ejecuta el Estado.
En conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, precisaron que la tortura es una estrategia de guerra y control social por parte del Estado que pretende callar y anular a las personas, a los movimientos sociales y organizaciones. Para ellas, la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, pretende visibilizar la violencia estructural por parte de las instituciones que deberían salvaguardar a la ciudadanía pero también de las que, se supone, son las encargadas de procurar justicia.
Por su parte, Valentina Rosendo Cantú declaró que se unió a la campaña porque sabe lo que se siente buscar justicia. Hizo un llamado a organizaciones nacionales e internacionales para que ayuden a otras compañeras que también han sido víctimas de tortura sexual, pues sólo así es como el gobierno se dará cuenta de que no están solas.
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que nuestro país se encuentra dentro de una de las más violentas del mundo y que, como consecuencia, muchas mujeres son víctimas de violencia de todo tipo. Declaró que en los casos de tortura sexual, son pocas o nulas las oportunidades que tienen para exigir justicia.
Asimismo, señaló que “la violencia sexual no es un error, pues ninguna autoridad se equivoca cuando abusa de una mujer”, y que dicha práctica, sólo demuestra la imposición de un sistema patriarcal para disponer de las mujeres y que revela la impunidad machista con la que la sociedad y las instituciones de gobierno aceptan la violencia hacia las mujeres.
La campaña Rompiendo el silencio se estará difundiendo en redes sociales (@CentroProdh y facebook.com/prodh) las próximas acciones y culminará con un foro abierto el 25 de noviembre de 2014.
Actualmente se suman a la campaña Claudia Medina Tamariz (torturada por marinos), las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo (torturadas por militares), Miriam López (torturada por militares) y Verónica Razo (torturada por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación —AFI—).
Los casos
En 2002 en dos eventos diferentes, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas me’phaa del estado de Guerrero, fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura sexual, cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. El 1 de octubre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, que entre otras medidas de reparación del daño y de no repetición, ordenó la investigación y subsecuente sanción de los responsables. Inés y Valentina se unen a la campaña para pedir un alto a la tortura hacia las mujeres detenidas, en donde se garanticen medidas de no repetición.
En febrero de 2011, Miriam López, dedicada al hogar y madre de cuatro hijos, fue injustamente detenida en Baja California por militares. Fue violada y torturada con descargas eléctricas y asfixia para que se declarara culpable, y acusara falsamente a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada sin cargos. Miriam ha tenido el valor de denunciar, pero hasta ahora su caso se mantiene en la impunidad. Miriam se une a la campaña y espera justicia.
El 8 de junio del 2011, Verónica Razo Casales fue detenida arbitrariamente por policías federales. Durante su detención fue víctima de violencia sexual. La trasladaron a las oficinas generales de la Agencia Federal de Investigación (AFI) donde la torturaron física, sexual y psicológicamente (con toques eléctricos en los pechos y pies, golpes y amenazas). Un día después, la llevaron a oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que se autoinculpara por el delito de secuestro.
Actualmente, se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 en Tepic, Nayarit; y lleva cerca de tres años en prisión preventiva. Verónica se une a la campaña y espera una resolución judicial que determine su inocencia para alcanzar la libertad y justicia.
El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 33 años, dedicada al hogar y madre de tres adolescentes, fue detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, y luego de 36 horas de tortura física, sexual y psicológica —incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales— ella firmó una declaración que le construyeron; para luego ser presentada ante los medios de comunicación con una versión falsa sobre su detención y acusada de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente está en libertad condicional, enfrentando acusaciones falsas. Claudia quiere que los hechos se esclarezcan, para que la justicia y la tranquilidad regresen a su familia.