Colima, México.- Ante las crisis económicas, los problemas financieros, una desaceleración generalizada y la falta de capital líquido, las administraciones públicas del país han optado por aplicar diversas medidas “drásticas” para poder salir a flote, y es ahí donde surgen las llamadas “reingenierías públicas”.
Y es que aun cuando se habla de que no se trata de despidos, sino de un reajuste y ahorro, al final es la clase trabajadora la que resulta perjudicada con estas medidas que buscan representar un importante ahorro en las arcas administrativas.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al mes de junio de este 2013, un total de 131 mil 621 personas dejaron de trabajar o perdieron su empleo en instituciones públicas, administradas por los tres niveles de gobierno, desde que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Esta cifra representa un 2.27 por ciento de la plantilla laboral que existía al 1 de diciembre de 2012, fecha en que arrancó la presente administración federal.
De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) que el Inegi levanta periódicamente, del total de la población ocupada del país, 5 millones 773 mil 431 trabajadores se ubicaban en el sector público a finales del año pasado, pero al concluir marzo el número quedó reducido a 5 millones 641 mil 810 burócratas, es decir 131 mil 621 menos.
En Estados Unidos, los recortes al presupuesto federal por un total de 85 mil millones de dólares han dejado sin empleo, de manera temporal a 800 mil personas.
En nuestro país, hace tan solo dos días en Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge dejó sin trabajo a por lo menos un centenar de trabajadores del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) como parte de la “reingeniería administrativa” anunciada por él mismo.
Mientras que en el estado de Colima, desde el inicio de la presente administración que encabeza el gobernador Mario Anguiano Moreno en 2009 ha aplicado por lo menos cuatro medidas de austeridad.
Al inicio de su administración ordenó el despido de 900 empleados, aunque a los dos meses, se recontrató a la mayoría; en septiembre de 2012 fueron cesados 439 empleados y a 750 se les redujo el salario en un 30 por ciento y más recientemente, en abril de este año, se aplicó otra medida en donde fueron despedidos por lo menos 600 empleados de la administración estatal.
A nivel nacional, el sector burocrático representa casi 11 por ciento de los 48 millones de mexicanos que tienen ocupación o empleo, 17 por ciento entre los 32 millones de asalariados y 19 por ciento entre los 29 millones de personas que laboran en el sector servicios, de acuerdo con las cifras oficiales.
