México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, indica un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan estos problemas. Cada uno tiene 26 casos y sólo son superados por Perú y Chile que cuentan con 33 conflictos mineros que la Cepal atribuye a la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, y que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países.
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan 13 por ciento de la producción nacional de oro.