Líderes de asociaciones municipalistas, especialistas y legisladores pidieron a los gobiernos estatales y federal crear una estrategia integral que detenga la violencia y amenazas del narco contra los alcaldes.
En un foro realizado en el Senado, la presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (que aglutina a alcaldes de PRI, PAN y PRD), Leticia Quezada, y la presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (PRI), Bárbara Botello, condenaron el asesinato de Ygnacio López, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán.
En su ponencia, Quezada, también delegada de Magdalena Contreras (DF), hizo un llamado al gobierno federal a abrir mesas de trabajo con el objetivo de dar solución al tema de los alcaldes amenazados.
“Cualquier presidente municipal que esté en riesgo, por supuesto que les damos la mano, y a todos aquellos que han sido amenazados para se acerquen con nosotros. No queremos un alcalde más fallecido”, señaló Quezada.
En tanto, Bárbara Botello dijo que es necesario integrar formalmente a los municipios en el Consejo de Seguridad Pública y a otros foros sobre la materia, además de reconocer el rol que han tenido los municipios en el impulso de las políticas nacionales.
“Todos los actores políticos, todos los funcionarios públicos, tenemos que trabajar por la seguridad; se requiere una estrategia en la que reconozcamos que es tarea de todos”, destacó.
Días después del asesinato de Ygnacio López, la Secretaría de Gobernación ofreció protección a los alcaldes.
En el foro también estuvo el presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, quien propuso crear protocolos para aplicarlos en caso de que un presidente municipal sea asesinado.
Pidió en primer lugar que se declare la desaparición inmediata de los poderes y que los nuevos integrantes del ayuntamiento (designados por el Congreso local) se encarguen de cumplir el mandato hasta las próximas elecciones.
“El objetivo es que la banda que asesinó al alcalde no sepa quién va a ser su sucesor y no tenga control sobre la vida de ese municipio”.
En la Cámara de Diputados el presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, aseguró que los alcaldes en Michoacán “están en un altísimo grado de vulnerabilidad” frente a las amenazas del crimen organizado, pero al mismo tiempo “es muy riesgoso” que denuncien que son víctimas de extorsión.
MILENIO publicó en días pasados que Los caballeros templarios cobran a alcaldes de Michoacán hasta 10 por ciento de comisión por cada obra pública.