“El Ejército rafagueó al pueblo”, describió en entrevista Esteban Beltrán, uno de los líderes de las Autodefensas de Michoacán, luego de que el gobierno mexicano implementara una estrategia para el desarme de estos grupos civiles, con un saldo de por lo menos dos personas muertas, según la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este es el caso más reciente de hechos en donde elementos del ejército nacional están involucrados en agresiones contra civiles, que si bien no todos han sido documentados, sí se han dado a conocer públicamente.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional en su portal de internet, de enero de 2007 a agosto de 2012, elementos de esta corporación privaron de la vida a 40 civiles inocentes, víctimas que fueron certificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
Los casos de abusos han continuado y tan solo en el 2013 se registraron por lo menos la muerte de alrededor de ocho civiles a manos de militares, los cuales, se suman a los ocurridos recientemente en Michoacán.
Y aunque históricamente los abusos de militares han sido documentados y expuestos, estos hechos en los últimos años han sido más frecuentes. Uno de los 40 casos correspondió al ataque de un civil a elementos de la corporación, otras 20 personas víctimas murieron por no detener su auto al paso de convoyes militares o en retenes carreteros; otros 12, a causa de las torturas perpetradas por uniformados; cinco más fueron asesinadas cuando pastoreaban ganado o limpiaban campos de cultivo y dos por estar en la calle; además de que otros cinco fallecieron en el fuego cruzado entre soldados y criminales.
Cabe mencionar que fue en esos seis años cuando la CNDH emitió 109 recomendaciones contra la Sedena, de las cuales 31 están relacionadas con asesinatos de inocentes y se incluyen casos como los ataques a nueve familias que fueron balaceadas cuando circulaban a bordo de vehículos particulares; además del ataque a un autobús de pasajeros, que soldados rafaguearon en Guerrero, en 2009.
Destaca también el caso de un matrimonio que en 2011 quedó atrapado en el fuego cruzado entre sicarios y militares en Nuevo León, en donde se confirmó que la pareja resultó herida durante el tiroteo, y que luego de abatir a los verdaderos atacantes, marido y mujer fueron rematados por los soldados.
En ese mismo año, se registró el caso donde un presunto delincuente fue detenido con vida cuando circulaba en un auto con su pareja, y que luego fue presentado muerto. En este caso, el organismo autónomo determinó que la víctima falleció por asfixia, luego de que los militares se lo llevaron arrestado.
2013 la historia continúa
El registro de abusos no ha parado, tan es así que el 15 de enero de 2013 se dio a conocer en Veracruz el caso de cuatro civiles muertos en Córdoba por militares y acusados de ser parte de Los Zetas, el caso llegó al punto de que los familiares de los fallecidos hicieron manifestaciones con la finalidad de que se limpiaran sus nombres, ya que de los cuatro, dos eran mecánicos, un chofer y un migrante.
El 30 de ese mismo mes, pero ahora en Michoacán, cientos de personas se manifestaron en contra de los abusos del Ejército Mexicano, en donde se sumaron transportistas, automovilistas y taxistas, entre otros sectores de la sociedad.
La demanda en ese momento era la salida de los militares de las calles y justicia para los familiares de los civiles asesinados a inicios de esta semana tanto en el municipio de Lagunillas como en Santa Clara y donde en ambos casos participó presuntamente el personal militar con destacamento en Tacámbaro.
Esa fue la tercera ocasión en donde se manifestaban contra las presuntas arbitrariedades de los elementos de la Quinta Compañía Militar con Sede en Tacámbaro y en esta ocasión pidieron de manera pública a los diputados federales y senadores que pugnen porque los malos elementos de ejército con destacamento en Tacámbaro, sean investigados, retirados y encarcelados por sus delitos.
Otro de los casos más destacados fue cuando elementos del Ejército Mexicano dispararon contra cuatro personas en Arcelia, Guerrero, por una presunta confusión, pues pensaron que se trataba de un grupo criminal que traía armas e iba vestidos con ropa parecida a la de los militares; sin embargo, tras el asesinato, se aclaró que los cuatro trabajaban para el gobierno municipal e iban de cacería.
Por los cuatro asesinatos, el Ministerio Público ordenó la detención de cuatro militares, entre ellos se encuentra el sargento segundo Rubicel Acosta de la Cruz, el cabo Axael Sánchez Escalona y los soldados Hugo Emilio Esquivel Velázquez y Moisés Diego Martínez, todos adscritos al 102 batallón de infantería de Tejupilco, quienes fueron puestos bajo investigación por el delito de homicidio.
Este martes 14 de enero de 2014, a través de un breve comunicado, la Sedena informó que algunos de los integrantes de los grupos de autodefensa conformados en Michoacán, opusieron resistencia al desarme que el gobierno federal puso en marcha, por lo que se inició un tiroteo que dejó estas víctimas mortales.
Los miembros de la policía comunitaria por su parte reportaron la muerte de cuatro personas en el poblado de Antúnez, municipio de Parácuaro. Señalaron que los militares les dispararon luego de que la población civil les cerrara el paso tras ser desarmados.
Ante estos recuentos, los protocolos que el ejército nacional utiliza cuando sus militares salen de sus cuarteles, son cuestionados, ya que es un supuesto que están impedidos para disparar pero aun así lo hacen; y mientras esta situación es revisada por organismos como la CNDH, los abusos continúan.