En una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un grupo plural de 23 ciudadanos que han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, independientes de los partidos políticos, informaron su decisión de impugnar el decreto de reforma constitucional en materia energética por violaciones graves al procedimiento con que se aprobó.

 

El grupo pide que la Suprema Corte ejerza la facultad de atracción, por tratarse de un caso en el que subyace una cuestión de inconstitucionalidad.

 

En la misiva advierten que con los procedimientos utilizados para asegurar la irreflexiva aprobación de esta reforma, se prefiguran formas de ejercicio del poder público que dañan a la sociedad y hacen retroceder peligrosamente a México a los tiempos del autoritarismo que se consideraban ya superados.

 

Integran la lista de los firmantes: Manuel Peimbert, Luis Villoro, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Federico Silva, Margit Frenk, Vicente Leñero, Margo Glantz, José Alberto Manrique, Graciela Iturbide, Felipe Cazals, Hugo Hiriart, Soledad Loaeza, Lorenzo Meyer, José Agustín, Jorge Fons, Oscar Chávez, Hugo Gutiérrez Vega, Paul Leduc y Javier Álvarez.

 

Texto íntegro de la carta

 

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

 

A la opinión pública:

 

El pasado 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética; esos cambios afectarán en gran medida a la sociedad y a los ciudadanos mexicanos de hoy y del futuro.

 

Entre otros puntos cuestionables, dichos cambios adolecen de un grave vicio de origen, ya que fueron votados con enorme premura por los legisladores federales y estatales, sin darse siquiera el tiempo necesario para efectuar el análisis indispensable para una reforma de tal trascendencia, y en algunos casos ni siquiera para leerlos, llegando a constituir un contrasentido de tener parlamentos sin parlamento y sin, por otra parte, proporcionar información clara y veraz a los ciudadanos que somos los principales afectados.

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