Colima, México. Avanzada.- A pesar de que en mayo de 2012 fue detenido y consignado por peculado durante su administración, hace unos días el exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, confirmó su deseo de regresar a la vida política: buscará un puesto de elección.
Pero no es el primer funcionario público acusado de corrupción, peculado, vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos que en teoría deberían inhabilitarlo para continuar en la función pública.
La historia del país señala varios casos de gobernadores que, luego de ser acusados de un delito, logran su libertad y, como en caso citado, se reincorporan a la política.
La corrupción en el país envuelve a los tres niveles de gobierno. No solo gobernadores han sido descubiertos violando la ley, también hay alcaldes, diputados, jueces y un sinfín de funcionario públicos que olvidan el porqué y para qué fueron elegidos.
En esta ocasión, AVANZADA enlista los casos más sonados en los últimos años respecto a ex gobernadores que han sido investigados, sentenciados y, en los menos, encarcelados, por delitos que van desde la corrupción, vínculos con la delincuencia organizada, peculado y fraude.
Narciso Agúndez Montaño
El ex gobernador de Baja California Sur hace unos días manifestó que con “la frente en alto” buscará la alcaldía de Los Cabos, aun año de haber salido del Cereso de La Paz donde estuvo siete meses recluido y de donde salió libre en diciembre del 2012, luego de que un Juez Federal desechó el delito de peculado del que se le acusaba a él y otros seis ex funcionarios de su administración.
En su momento, el perredista Narciso Agúndez Montaño fue acusado de vender en lugar de construir obra pública en siete predios en la exclusiva zona residencial de El Pedregal de Cabo San Lucas.
Andrés Granier Melo
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, actualmente está detenido en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, luego de que la Procuraduría General de la República lo acusó de defraudación fiscal por 2 millones 156 mil 489 pesos.
Según la PGR, durante su administración el exgobernador reportó ingresos por 2 millones 552 mil 207 pesos, cuando realmente obtuvo 10 millones 357 mil 979 pesos.
El político del Partido Revolucionario Institucional viajó de Miami a la Ciudad de México a mediados de junio de 2013 para “limpiar su nombre” y presentarse ante la PGR.
No obstante, después fue internado en un hospital privado en la capital del país por motivos de salud, según argumentó su defensa, donde también fue notificado de una orden de arraigo.
Su extesorero, José Manuel Sáinz, se encuentra preso en un penal de Tabasco, como presunto responsable de los delitos de peculado y lavado de dinero cometidos en agravio del Estado.
Luis Armando Reynoso Femat
El panista Luis Armando Reynoso Femat gobernó Aguascalientes en el periodo del 2004 al 2010 y fue acusado por enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos por la Procuraduría General de Justicia de ese estado.
El ahora ex militante del Partido Acción Nacional, (fue expulsado por supuestamente apoyar a un militante de otro partido), se encuentra en libertad pero puede ser detenido en cualquier momento ya que no pagó en tiempo la fianza de 11 millones de pesos que le habría permitido enfrentar su proceso en libertad.
Reynoso Fermat está acusado de presuntamente simular la compra de un tomógrafo con valor de 13 millones 500 mil pesos que nunca fue entregado a la Secretaría de Salud del estado, así como por simular el robo de un equipo de telecomunicaciones por un costo de 25 millones de pesos.
Mario Villanueva Madrid
Caso sonado también fue el de Mario Villanueva Madrid, quien el 2012 y ante las autoridades norteamericanas se declaró culpable de tráfico de drogas en ese país y fue sentenciado a 11 años de prisión.
Por su parte, en México lo espera una sentencia de 23 años hecha por un juez antes de su extradición, y que el mandatario tendría que purgar tras salir de prisión en Estados Unidos.
Villanueva Madrid se involucró en actividades relacionadas con el tráfico de drogas un año después de asumir el cargo de gobernador de Quintana Roo bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pablo Salazar Mendiguchía
Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, fue acusado de delitos que van desde homicidio doloso hasta defraudación y operaciones recursos de procedencia ilícita, por lo que está preso desde junio del 2011.
Pablo Salazar Mendiguchía renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se lanzó por la gubernatura respaldado por una alianza entre ocho partidos, incluidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
De acuerdo con una de las acusaciones en su contra, durante su gestión desvió al menos 104 millones de pesos del erario para un supuesto bono sexenal con el que adquirió diversas propiedades.
Humberto Moreira Valdez
Hay casos que si bien no han terminado en una sentencia de cárcel para los involucrados, sí se difundieron sus actos ilícitos, como así le sucedió a Humberto Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila, quien dejó un endeudamiento de aproximadamente 30 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una cifra superior a los 196 millones de pesos que debía la entidad cuando inició su administración.
Eso se suma a la presunta contratación de créditos con documentos falsos que involucran a varios de sus colaboradores como Javier Villarreal Hernández (exsecretario de Finanzas) y Sergio Ricardo Fuentes Flores (exfuncionario del Sistema de Administración Tributaria).
También es de mencionar a Arturo Montiel Rojas, quien fue investigado por la supuesta posesión de una fortuna y propiedades en el extranjero, adquiridas con recursos del erario, aunque al no encontrar pruebas, fue exonerado de enriquecimiento ilícito por las autoridades judiciales del Estado de México.
Francisco Garrido Patrón
En Querétaro, el panista Francisco Garrido Patrón fue investigado por hechos ocurridos durante su administración entre el 2003 y el 2009, por supuestas irregularidades, como que más del 80 por ciento de las construcciones fueron asignadas a solo tres empresas y que había obras pagadas pero que nunca se realizaron.
La Procuraduría General de Justicia (PGJE) queretana abrió una investigación por el presunto desvío de 155 millones de pesos de recursos federales durante su administración, ante una denuncia de la Secretaría de la Contraloría local; sin embargo, el Congreso local lo exoneró.
Aunque estos no son todos los casos de ex gobernadores que han pisado la cárcel, sí son los que han sido más investigados, lo que deja como un hecho que en México, existen las leyes federales; sin embargo, los políticos han buscado proteger a los políticos, a pesar de que algunos han buscado que no se tenga la impunidad garantizada, la justicia todavía es un reclamo ciudadano.