Colima, México (14 de marzo de 2014).- Tuvieron que pasar varios meses y tomar la decisión de cerrar el equipo de bombas que abastece de agua a Colima y Villa de Álvarez para que el gobierno del estado los escuchara. “Sólo así nos toman en cuenta, porque muchas veces estuvimos pidiéndoles dialogar y siempre nos dieron largas”, sostiene para Avanzada uno de los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, en Comala.

 

Finalmente, tras la presión social que ejercieron los comuneros y luego de que los policías estatales procedieran para reinstalar el abastecimiento de agua, el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, accedió a instalar una mesa de diálogo este viernes en Palacio de Gobierno.

 

Anteriormente los pobladores de Zacualpan -que se oponen a la mina en su territorio bajo el argumento de que se contaminará el agua de los manantiales-, habían solicitado audiencias con el gobernador Mario Anguiano Moreno, sin embargo éste se negó en múltiples ocasiones a recibirlos.

 

En el mes de noviembre pasado se le solicitó al mandatario estatal una audiencia, fue rechazada. Después, el 23 de febrero se le volvió a solicitar otra audiencia, tampoco se llevó a cabo. Y cuando los comuneros estaban seguros de que la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) les entregaría el documento que impedía la instalación de la mina -el pasado martes 11 de marzo-, recibieron una negativa por parte de las autoridades.

 

El revés se dio a pesar de que el sábado anterior autoridades les habían asegurado que se rechazaría el proyecto minero. En la reunión con los comuneros estuvo el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Óscar Zurroza Barrera; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora; el presidente municipal de Comala, Braulio Arreguín; el delegado del Registro Agrario y el abogado de la Semarnat. 

 

Por lo anterior los comuneros se sienten decepcionados de todos los funcionarios, pero en otro intento porque se respeten sus derechos, entablarán este viernes una plática con autoridades estatales, en donde se espera que esté nuevamente Rogelio Rueda, para llegar a acuerdos que den una solución al conflicto. 

 

Hace un año otro hecho evidenció la negación del gobierno estatal por escuchar las demandas de la sociedad. El 21 de marzo cientos de productores de limón -entre mujeres y hombres-, obstaculizaron el paso de vehículos por más de media hora de la autopista a las afueras de Tecomán, provocando una fila de más de 4 kilómetros de vehículos parados. Protestaron por la falta de apoyos hacia el sector rural y la crisis que se vivía en el municipio y pidieron la presencia del gobernador Mario Anguiano, quien nunca llegó y en su lugar asistió el secretario de Gobierno.

 

De igual forma, el diputado local Rafael Mendoza expuso anteriormente que el Sindicato Único del Transporte Urbano denunció una serie de irregularidades que se estaban cometiendo por parte de la Dirección de Transporte de Gobierno, entregando las concesiones a empresarios ligados al poder, quienes acumulan hasta más de 20 permisos, dijeron. 

 

“Aunque tienen las denuncias, los trabajadores del volante no han sido escuchados por el gobernador, y ni siquiera les ha dado una audiencia a pesar de que ésta la solicitaron desde el 2009 o 2010, así es que este problema, que no es menor porque habla de corrupción, no lo atiende el mandatario”, lamentó el año pasado el legislador. 

 

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