Los excesos policiacos, militares o de marinos, son una constante en el territorio nacional, prueba de ello es que organismos defensores de Derechos Humanos reprobaron a México en esta materia.
La semana pasada el presidente municipal de Coquimatlán, Salvador Fuentes Pedroza, informó que se detendría a todas aquellas personas que la policía considere “sospechosa” y que estén en la calle después de la 12 de la noche.
El edil manifestó que con esta medida mejorará la seguridad de este municipio, donde el pasado primero de marzo fue asesinada una joven de 17 años de edad.
La decisión de la autoridad municipal fue avalada por el gobernador Mario Anguiano Moreno, sin embargo el presidente del Comité de Derechos Humanos, Efraín Naranjo Cortés advirtió que esta situación generará violaciones a las garantías individuales, sobre todo se prestará para detenciones ilegales.
Salvador Fuentes Pedroza no ha explicado cuáles serán los criterios policiacos y en qué consistirán las investigaciones que realizará la policía para determinar si una persona es sospechosa o no.
A pesar de que prohibir el libre tránsito o instalar retenes policiacos son estrategias inconstitucionales, la autoridad, quién estaría obligada a garantizar dichos preceptos jurídicos, es quien termina violándola recurrentemente en detrimento de los ciudadanos.
El 3 de mayo de 2013 la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que entre enero de 2007 y marzo de 2013, se registraron más de 1,800 muertes violentas de menores en hechos vinculados con la guerra que desató el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 contra el crimen organizado. En ninguno de esos casos, se ha hecho justicia.
Mientras que en el primer trimestre de 2013 se han contabilizado 767 asesinatos de menores entre 0 y 17 años de edad. El promedio mensual de defunciones, contabilizado por Redim, fue de 15 en 2010, 20 en 2011, 24 en 2012 y 20 en lo que va de 2013. Febrero de 2011 y junio de 2012 fueron los meses que registraron el mayor número de muertes: 34 en cada mes.
Los datos de Redim, hasta abril de 2013, destacan que el sector más vulnerable es el de los adolescentes entre 15 y 17 años.
El presidente del Comité de Derechos Humanos, Efraín Naranjo Cortés sostuvo que las medidas tomadas por la autoridad en Coquimatlán estarían criminalizando a la población y las expondrían a una policía que no ha sido capacitada para respetar los derechos humanos.
Aunado a lo anterior cabe recordar que Colima difundió en medios de comunicación que la depuración de cuerpos policíacos se concluyó con éxito en 2013, sin embargo, los niveles de inseguridad en materia de delitos de alto impacto no disminuyeron, lo que pone sobre la mesa el tema de la capacitación de agentes encargados del orden, pues al no entregar buenas cuentas en materia de seguridad, el ejecutivo incumple con la atribución hegemónica del estado.