Totalmente confundidos los agentes del ministerio público al no saber qué pasa con la despenalización de la difamación y la calumnia en nuestro estado. De acuerdo a lo que me tocó presenciar hace unos días ahí en una de las mesas de la llamada PGJ. Acompañé a una persona, a la que se le difama y calumnia, al asegurar que se quedó con $6,000 al supuestamente recoger un reconocimiento en efectivo que era para el finado padre de quien la acusa. Después de investigar en la instancia de gobierno que presuntamente otorgó ese premio y llegar a la conclusión que éste nunca existió, se pretendía poner la demanda en esa instancia.
Una vez que se le explicó al licenciado de una de las mesas y cuando este se disponía a escribir, fue su compañera, la licenciada de la mesa de al lado, la que le dijo que no hay ya ninguna mesa que le diera seguimiento a ese tipo de asuntos los cuales ya habían sido despenalizados, le dije que eso era correcto, sin embargo a pregunta expresa que le hicimos a un abogado, nos dijo que de todos modos se hiciera por esa vía. La agente del ministerio público nos recomendó que lo hiciéramos por la vía civil. Al acudir a esta última instancia nos dijeron que ahí tampoco, que fuéramos al M.P. a lo que le dije que de allá nos habían mandado con ellos.
Me dijeron ahí en el juzgado civil que acudiera con los abogados de oficio y al exponer el asunto nuevamente, otra vez nos dijeron que acudiéramos al M.P. y ahí buscáramos a sus compañeros (a los abogados de oficio) que están asignados a esa instancia. La verdad es que me queda claro que a ellos no les queda claro. No les queda claro qué cosas son las que se modificaron y hacia donde se debe canalizar al afectado o de plano decirle que ya no hay delito a perseguir, ello hace que la gente se desespere, y queda muy, pero muy lejos eso de la justicia pronta y expedita, el ciudadano se deja de cosas, lo considera una pérdida de tiempo y por ello decide resolver las cosas de otra forma, con el reclamo directo y permanente entre los involucrados o hasta en actos violentos resolviendo a golpes o con alguna arma.
Estuve tentado a pasar al Congreso y buscar a alguien que nos explicara en qué términos quedó, pero era la llamada semana de Pascua y lo más seguro es que no había quien pudiera hacerlo. En pocas palabras, al parecer usted puede difamar y calumniar a quien quiera y no pasa nada, según estas autoridades, porque estoy seguro que de acuerdo a la Ley, si sigue siendo una falta civil.
Pasando a otras cosas de nuestro sistema, peores por cierto, yo creo que el presidente municipal de Colima, Federico Rangel, así como su director de Tránsito y Vialidad José Ramón Valdovinos, deben decidir qué quieren para o de la ciudadanía y me explico: desde hace varios días hemos visto a personal de la dirección mencionada ubicados a unos 50 metros delante de semáforos importantes de la ciudad; prácticamente escondido se encuentra una persona con radio en la mano, el cual no trae el uniforme completo como agente de vialidad. Al parecer, su papel es, avisar a través del radio, el color y marca del vehículo que alcanzó a pasar ya con la luz en rojo, de manera inmediata los agentes de la patrulla que se encuentra media cuadra adelante le marcan el alto a los vehículos señalados para infraccionarlos o invitarlos a que se pongan bien con su mochada.
Usted puede pensar que eso es lo correcto, pero yo creo que no ¿Por qué? Porque parece que lo que le interesa al presidente municipal es el dinero del ciudadano, ese que entrará por vía de las infracciones y no la seguridad y la integridad física de sus gobernados, le importa poco evitar accidentes, porque si el objetivo fuera ese, entonces los agentes no estarían escondidos, no estarían de aquel lado del semáforo, estarían a la vista del conductor y eso se convierte en un acto preventivo, porque de manera natural, la mayoría de los conductores al ver una patrulla o un agente, en automático disminuimos la velocidad, verificamos si se trae el cinturón y nadie se arriesga a cruzar ni siquiera la luz naranja menos la roja. Por todo ello presidente, se concluye que no le interesa la seguridad de las vialidades y del tránsito vehicular, no le interesa el ciudadano, le interesa el dinero, producto de las infracciones ¿O de qué se trata profesor Federico? ¿Esas son las indicaciones que le dio a su director de Tránsito o él, de su propio ingenio se avienta esos “operativos”?
Hasta la próxima en más cosas de nuestro sistema.