Colima, México. Avanzada (8 de mayo de 2014).- En los primeros cinco meses del año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) ha recibido 79 quejas por tortura y detenciones ilegales cometidas por los policías colimenses.
Apenas el pasado 5 de mayo, Juan E. Méndez, relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles dijo que en México todas las instituciones con facultades legales para realizar una detención practican la tortura.
Ante esta situación el ombudsman colimense Roberto Chapula de la Mora sostuvo que es preocupante el informe del relato de la ONU y manifestó que los policías lejos de capacitarse para respetar los derechos humanos recurren a prácticas denigrantes, intimidatorias o a la tortura para obtener confesiones de los detenidos.
Chapula de la Mora sostuvo que la tortura es una práctica grave y recurrente y explicó que el año pasado se registraron en la Comisión que preside alrededor de 150 denuncias por prácticas relacionadas con la tortura.
Es decir que en menos de dos años la CDHEC suma 229 quejas por tortura y detenciones ilegales.
El defensor de los derechos humanos afirmó que en varias ocasiones ha denunciado que las declaraciones ministeriales las obtienen los policías a través de prácticas denigrantes, “también sostengo que por culpa de los jueces se tortura a las personas”.
Luego, refirió: “El día que deje de darse validez legal a las confesiones obtenidas mediante torturas, entonces las corporaciones policíacas suspenderán esa práctica”.
El ombudsman local indicó que es común que se obligue a los detenidos a firmar actas de confesión, “eso ha llevado a la cárcel a muchas personas que quizá no tienen responsabilidad”.
Dijo que ese tipo de prácticas dañinas para la sociedad terminarán cuando se implementen los juicios orales: “Tenemos el convencimiento de que se logrará a través de la implementación de los juicios orales, pero también mediante la preparación de las corporaciones policíacas”.
Más adelante, sentenció: “Cuando se respete la garantía al debido proceso y tenga validez la presunción de inocencia, podrán erradicarse las prácticas de tortura que son contrarias a la Constitución”, concluyó
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