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olima, México (2 de agosto de 2013) La Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y la organización colimense Bios Iguana, consideraron vergonzosas las actuaciones de la Profepa y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quienes en vez de proteger a la comunidad nahua otomí, declararon que la empresa minera Peña Colorada no contaminaba los cultivos de los indígenas y, por el contrario, trabajaba de manera transparente.
En primer término Rema y Bios Iguana consideraron vergonzosa y pobre la respuesta que dio la Profepa ante la demanda de que dicho consorcio minero se estaba apropiando de terrenos que son de los indígenas y además contaminaba la zona.
“La Profepa en el caso de Colima se preocupa más por inculpar a los indígenas José Luis Ramos y Félix Monroy, luchadores sociales de la comunidad; y por apoyar a la empresa, que por el deterioro ambiental”.
Asimismo, deploraron la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, (CDHEC), a quien las dos organizaciones le solicitaron que girara medidas cautelares para proteger a los indígenas de los atropellos que estaba cometiendo en su contra la empresa Peña Colorada.
“La Comisión de Derechos Humanos prefiere cerrar los ojos a la violación a los derechos humanos y dar todo su respaldo a la empresa transnacional. Por eso manifestamos nuestro rechazo total a la respuesta de estas dos instituciones que debieran estar encargadas de velar por los derechos de la población, consagrados en nuestra Constitución, pero que se dedican más a cuidar los intereses de la empresa”.
Las dos organizaciones ambientales señalaron que tanto Profepa Colima, como derechos Humanos, intentan culpar a los indígenas de la situación que priva en las zonas de los límites de Colima y Jalisco “protegen a Peña Colorada, siendo que esta comunidad indígena habita esas tierras desde tiempos ancestrales”.
Luego añadieron: “Estas instituciones aprovechan la misma denuncia que hacemos las organizaciones para vanagloriar, premiar y legitimar en los medios de comunicación a esta empresa transnacional que durante 44 años ha despojado del territorio, dejado en la mayor pobreza y marginación a la comunidad indígena de Ayotitlán”.