Colima, México.- La detención de un diputado local, la amenaza a otro legislador por supuesta difamación, las intimidaciones al director de un medio local de encarcelar a su hijo por estar expresándose en contra del gobierno, además del hostigamiento y amenazas de muerte a jóvenes que protestaban por la ‘imposición del presidente Enrique Peña’ en el centro de Colima, son sólo algunos destellos del uso faccioso del poder en el estado.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima, Mario García Solórzano refiere que pareciera que con este tipo de acciones que se llevan a cabo el gobierno local hace uso faccioso del poder, lo cual es reprobable y negativo, dice al manifestar que el gobierno no debe de callar las voces disidentes ni cualquier tipo de manifestación, ya que esto está garantizado en la Constitución.
Sin embargo advierte que esto no debe estar sucediendo porque vivimos en un estado de derecho donde hay obligaciones y derechos, “y más ahora que entró en vigor la Ley de Amparo, que protege los derechos de los ciudadanos y ahora cualquier acto de gobierno que cause molestia puede ir un a demandar un amparo por violación a los derechos”.
Antes del 15 de septiembre del año pasado, varios jóvenes de los colectivos ‘2 de julio’, ‘Colima se suma’ y ‘Yo soy 132’, se retiraron del Jardín Libertad -en donde realizaban actividades culturales y protestaban por la imposición del gobierno de Enrique Peña Nieto-, tras denunciar hostigamiento policiaco y amenazas de muerte por parte de personas identificadas en el gobierno.
Meses después, a mediados de diciembre, policías vestidos de civiles golpearon a ciudadanos que se oponían a la construcción de un templo en el jardín de la colonia Lomas Verdes, al norte de la ciudad de Colima.
Por otro lado, siendo diputado local, Nicolás Contreras Cortés fue detenido por elementos de la policía estatal en un acto de intimidación, según denunció él mismo; ahora recientemente el legislador Francisco Rodríguez considera que hay una campaña en su contra orquestada desde el gobierno de Mario Anguiano por denunciar irregularidades.
Con estos casos se ve que se sigue dando el uso faccioso del poder, advierte García Solórzano, “es reprobable y negativo que el gobierno calle las voces de inconformidad y manifestaciones a través de los cuerpos policiacos. Y no lo digo yo, ahí está el presidente de los derechos humanos en Colima, Roberto Chapula de la Mora, que declaró hace uno a días que existe una banda más al interior de la policía, delincuencial por como ha actuado. Entonces ése es el mundo fáctico en el que vivimos”.
“Pero nosotros no debemos de vivir en un mundo fáctico, tenemos un gobernador elegido libremente por la ciudadanía en las urnas y no debe de reprimir a la sociedad bajo ningún tipo de expresión como se establece en la Constitución, tenemos un derecho a la libertad de expresión y a estar informados. Si todos esos hechos están siendo violentados por el gobierno deben de ser denunciados.
Al citar el caso del exdiputado Nicolás Contreras, el abogado penalista recuerda que en tiempos de campaña la policía actúa como policía política, “porque están monitoreando día a día los personajes. No creo que haya sido una confusión o una revisión de rutina -lo que le sucedió al legislador-, es absurdo”.
Agrega que no pudiera precisar que las órdenes que tienen los policías sean la de reprimir, porque entonces estaríamos en una situación complicada donde las garantías individuales y derechos humanos se ven trastocados por el gobierno vía policía estatal y policía acreditable.
“Eso es lo que sucede con algunos casos como el de Nicolás Contreras, como lo que denunciaron los jóvenes del ‘Yo soy 132’, pero la policía no debe de ser represora, sino todo lo contrario”, concluye Mario García Solórzano.
Foto tomada del portal Perriodismo