Este 2 de septiembre recién pasado  los senadores del  PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y un sector del PRD alineado al chuchismo  aprobaron en lo general el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) con 390 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones, aprobación que  la fracción del PRI hizo mayoría y destacaron las palabras de la Senadora por Colima   Mely Romero señalando fue  “una reforma a favor de la modernización de la educación, que en nada perjudica al magisterio y en la  que no le tembló la mano al presidente Peña Nieto”.  Aprobación por cierto hecha con urgencia al  viejo estilo priista de las decisiones autoritarias  y verticales en medio de un ambiente  socialmente crispado por la disidencia  de la CNTE principalmente. 
    Aprobación de la LGSPD aderezada con las  declaraciones de  Mely Romero  y el silencio domesticado de los  secretarios generales de las dos Secciones Sindicales del magisterio de Colima (6) y (39)-,  constituyendo la culminación de la mentira más cínica  de toda la palabrería esgrimidas por el presidente Peña Nieto  apoyada en el incisivo y mercenario poder  mediático en el sentido de que no serían afectados los derechos laborales del magisterio. 
    De buena fe  espero cuando Mely Romero  esté por Colima en  su condición de  servidora pública se tome un tiempo y tenga  la actitud gentil  de explicar a sus electores  que quiso decir  al aprobar esta Reforma Educativa (RE) – carente de contenidos pedagógicos por cierto-     que quiso decir con “ la modernización de la educación” y que “ en nada se perjudica al magisterio”, amén de la alusión al “ puño  firme” del presidente EPN  al presentarla.
    Sin dejar de desconocer la postración de la educación nacional  considerando tan sólo los altos índices de reprobación  de nuestros  niños, y también reconociendo que en la exposición de motivos de la LGSPD se anota “que es injusto atribuir los bajos resultados en materia educativa a un solo factor, a los docentes”, lo evidente es que para la Secretaria de Educación Pública (SEP)  encabezada por Emilio Chuayffet son los profesores los responsables del deterioro educativo que padece nuestro país.
    Sin embargo,  y por supuesto,  muchas dudas y preguntas acarrea el uso y abuso de la palabra modernización, aludiendo en el pasado por ejemplo al caso del gobierno presidencial  de Salinas de Gortari quien en 1992 presentó aquello denominada  modernización educativa, por lo que,  la actual  RE de 2013 aprobada por PRI y demás partidos  comparsas sería  continuación de lo iniciado por Salinas, de tal manera que entonces los años transcurridos hasta la fecha no fueron suficientes para lograr tal modernización de la enseñanza iniciada por Salinas. En todo caso, y para empezar la Senadora Romero debería  explicar si existe relación entre ambas reformas educativas (la de 1992 y la de 2013) y  en qué medida.
    En otro sentido,  también cabría asumir y reconocer que la acepción “modernización” educativa está en estrecha relación con la tendencia  globalizadora del capitalismo mundial actual, pudiendo significar entonces que México y quienes hoy lo gobiernan  están “copiando” modelos educativos externos en calidad de alumnos predilecto de la OCDE. No se desconoce, que la inspiración del proyecto de la SEP proviene de los muy cuestionados preceptos del movimiento por la reforma de la educación desarrollado desde hace algunos años en EU, según el cual las evaluaciones recurrentes deben usarse para presionar a los maestros a mejorar su desempeño (Sánchez Rebolledo, La Jornada, 29 de agosto de 2013).
    Una tercera connotación de la palabra modernización en materia educativa tendría que ver con el problema de la calidad y la cobertura educativa  que de cualquier modo requiere de un esfuerzo integral y consensuado “ y no sólo recargando los términos de la reforma sobre el gremio magisterial”. Un esfuerzo real de voluntad modernizadora entonces tendría  que considerar incluir a todos y debatir con  una visión de Estado a largo plazo y para bien de la niñez mexicana, cuestiones fundamentales como son : la calidad educativa, lo que es una maestro, la actualización docente, la estrechísima relación entre estructura económica y educación nacional, la participación de los padres de familia en las nuevas tareas educativas, la cuestión de la infraestructura educativa, entre otras cuestiones importantes más.
     Y una cuarta connotación de modernización educativa tendría que ver con lo que atinadamente señala el columnista Javier Aranda Luna (La Jornada, 4 de sept. De 2013) ) cuando señala que tan poca importancia le hemos dado a la tarea educativa que dejamos crear una estructura de poder político paralelo al Estado, capaz de decir planes de estudio, hacerse de recursos públicos destinados a la educación para que se construyeran partidos políticos, o se adquirieran vehículos militares para premiar una burocracia sindical. De esta manera, Peña Nieto  encarcela  a la líder oficial del SNTE Elba Esther Gordillo imagen de corrupción  casi vitalicia del profesorado pero mantiene a la vez y en pie el acuerdo corporativo imponiendo a un nuevo charro de nombre Juan Díaz de la Torre, tan corrupto como aquella considerando era brazo derecho de aquella hasta su ascenso al frente del SNTE,  garantizando  así la sumisión magisterial oficial y a la vez usándolo  para neutralizar a los profesores disidentes de la CNTE como “minoría”. La pregunta es,  por tanto, como el presidente Peña Nieto pretende  lograr  modernizar la  educación sin la necesaria democratización de los trabajadores, así como la necesidad de su intervención para darle curso a las propuestas (Sánchez Rebolledo, La Jornada del 29 de agosto de 2013).
               Por otro lado, respecto de que con la RE recién aprobada “en nada se perjudica al magisterio”, aludo sólo a un estudio de la fracción del PRD en el Senado, elaborado por expertos laboristas que advierte que: a).  La Ley General del Servicio  Profesional Docente convierte a los trabajadores del magisterio en sujetos administrativos y significa un severo retroceso, toda vez que desaparece el derecho a la estabilidad en el trabajo; b). El ingreso, promoción y reconocimiento del empleo dejan de ser derechos  laborales, para convertirse en condiciones administrativas y se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato; c). Hay una aplicación retroactiva de la ley, en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior. La ley crea la figura de contratos por tiempo fijo, de naturaleza eventual, en sustitución de los nombramiento de base; d). El proceso de compactación permite contratos por horas y con ello fracciona el pago salarial a los maestros y desaparece el derecho de inamovilidad del empleo; e). Esta ley acepta como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los proceso de evaluación sin considerar la antigüedad o el nivel académico; f). También se precisa que es causal de separación sin responsabilidad gubernamental la negativa a participar en los programas de regularización sin considerar la antigüedad y nivel académico (ver La Jornada, 4 de septiembre de 2013, p.6).
               En base a lo anterior, y con los cambios aprobados por el Senado y que la nueva ley es inatacable,  el eliminar el carácter bilateral entre los trabajadores agremiados al SNTE  y el patrón, posibilita establecer que si la norma determina que se debe correr al trabajador, ¿ qué puede hacer la agrupación sindical ?. No acaso la nueva aprobación normativa permite establecer un nuevo modelo de control magisterial sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad; un nuevo modelo cuyo objetivo es facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; y de colofón una nueva ley aprobada que  es falta de respeto al artículo 14 constitucional cuando  señala que ninguna ley es retroactiva.    
    Por último,  la Senadora Mely Romero y demás traidores del Senado al señalar que a Peña Nieto con la RE  “no le tembló la mano”, más que merecer un aplauso y admiración en realidad refleja continuismo en seguir sosteniendo en forma anquilosada una tradición de modos de proceder arbitrarios, de sistemas autoritarios que en pleno siglo XXI aún está muy vigente  en el núcleo y accionar del Estado mexicano. Por cierto  el Dr. Abelardo Villegas en 1995 cuando realiza un  examen de los sistemas de gobierno usa una palabra clave cuya relevancia y utilidad aún está vida: “caciquismo”, por lo que, y hay que decirlo: en la casa y fuera de ella, seguimos viviendo  en el caciquismo,  y no sólo desde la Colonia.
    La RE peñanietista es pieza angular de la estrategia sexenal para la “transformación” estructural nacional,  pero la admisión pública del retroceso asociado al papel del sindicato en la crisis marcó el destino de los cambios en materia educativa. 
            Mucho hay en juego con la educación pero convencido estoy que esta RE aprobada por el Senado no eligió la vía más adecuada de cara al futuro nacional; en todo caso debería valorarse  diseñar un servicio de carrera basado en el reconocimiento del esfuerzo de los maestros  sin que se confunda la profesionalización con un sistema de evaluación orientado a correr a los maestros que no superen las pruebas periódicas.
             Así, más que una  RE como puntal para lograr la modernización educativa nacional según los Senadores, lo que se aprobó  fue más bien una reforma laboral y administrativa esencialmente punitiva,  por lo que tienen toda la razón los profesores de la CNTE en ser contestatarios
    Del  SNTE y sobre todo  sus líderes sindicales seccionales parecen  no tener conciencia de las consecuencias de la ley recién aprobada y del retroceso en  sus condiciones laborales  constitucionales  olvidando en un abrir y cerrar de ojos que sus conquistas laborales   fueron logradas a base de lucha y sacrificios no exentos de sangre.
            Pero, yendo más allá,  donde está la solidaridad con la lucha de la CNTE por parte de los otros sindicatos como el de los electricistas, los mineros, los telefonistas, los petroleros, los del IMSS, ISSSTE, social, etcétera,  pues están privatizando el país y a la vez acabando con las conquistas laborales sindicales: primero el SME, después los de Mexicana,  ahora al magisterio combativo, y enseguida estarán los petroleros indudablemente, sin que la historia termine en estos últimos.
             El febril reformismo del presidente Peña Nieto no cabe duda tienen su complemento en socavar  con el sindicalismo a manera de proceso integralmente diseñado, convirtiendo al Estado hoy en el generador principal del descontento social  imperante nacionalmente.

Colima, 9 de septiembre de 2013

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