**El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución señala que “los servidores públicos (…) tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad”; tras el mitin tragajadores de gobierno registraron a beneficiarios de programas sociales que asistieron **Denuncia el PRD desvío de recursos públicos a favor del PRI
Colima, México (14 de septiembre de 2013).- De acuerdo al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Sin embargo, la agencia Proceso documentó que al final de la marcha y el mitin, “más de una decena de trabajadoras de la estatal Secretaría de Desarrollo Social se colocaron en la esquina sur del palacio de gobierno para tomar los datos de los beneficiarios de programas sociales que asistieron a la manifestación”.
“Ahí, a la vista de todos, entregaron dinero a muchos de ellos, en cantidades que iban de 100 a 300 pesos por persona, luego de llenar y firmar con rúbrica o huella digital los recibos de “apoyo asistencial”. Un hombre no dejaba de expresar su preocupación porque no había llevado su credencial de elector y las trabajadoras del gobierno estatal se la pedían para comprobar su asistencia al evento y entregarle la dádiva”, reveló el periodista Pedro Zamora Briseño.
Por otro lado, hubo el famoso “acarreo”, para el que se utilizaron varios camiones que trajeron a las personas de los diferentes municipios, además al final no puedo faltar la entrega de lechuguillas y algunas personas hasta alcanzaron dinero en efectivo. Para esto se debió invertir recursos que pudieron venir del propio gobierno de Mario Anguiano Moreno, advierte el presidente del Consejo Político Estatal del PRD, Francisco Rodríguez García.
Señala que está prohibido usar programas sociales o recursos públicos para fines políticos, además de que no se puede obligar a los empleados a marchar, no obstante, “el delito de gobierno es el desvío de recursos a favor del PRI”. Además, “el gobernador se desatiende de sus funciones principales que le marca la Constitución y en ninguna de ellas está el organizar marchas para un tema político-partidista porque finalmente así fue”.
DESVÍO DE RECURSOS
El también diputado local indica que la marcha del viernes encabezada por el Ejecutivo no es un movimiento social en defensa de algo del país, sino “prácticamente algo que lo quieren hacer clientelar de manera corporativa, utilizando el aparato de Estado como se hace en las elecciones para inclinar la opinión pública hacia un sentido que les conviene que es a favor de la privatización de Pemex”.
Pondera que con conocimiento de causa sabe que personas sindicalizados fueron obligados a asistir a la marcha, y a otros que no son sindicalizados pero trabajan ahí se les envió oficio con el riesgo de perder su trabajo si no asistían.
“A mí me tocó constatar en Coquimatlán el despliegue de autobuses para llevar a la gente hacia la marcha -platica-, tienen que explicar de dónde sacaron esos recursos, y si es el PRI cómo lo van a justificar ante los órganos electorales ese gasto. Efectivamente hay un desvío, y así como al PRD se le sancionó por el tema del plantón de López Obrador en Reforma, creo que ya amerita una sanción al gobierno de Colima por parte de los órganos electorales por este desvío y atención de recursos.
A pesar de que ningún momento se etiquetan recursos públicos para una movilización en naturaleza de una manifestación pública, Francisco Rodríguez mantiene que es probable que la renta de camiones y otros recursos hayan sido facturados por la administración estatal.
Además la marcha fue convocada por un partido político, concluye, “entonces hay desvío de recursos públicos en favor de un partido, del PRI. A lo mejor no está haciendo inequitativo en la competencia porque no hay una competencia electoral como tal, pero sí hay un desvío de recursos, creo que es ahí en donde está incurriendo el Gobierno del Estado”.