Colima, México (1 de octubre de 2013).- A través de la diputada federal de Morena, Loretta Ortiz Alfh, ante Cámara de diputados de la república, se realizaron las gestiones en materia de la construcción del túnel ferroviario en el puerto de Manzanillo, por lo que se giraron instrucciones a la Auditoría Superior de la Federación para que analicen los trámites de la obra.
Así lo dio a conocer el dirigente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán, quien estuvo acompañado de los compañeros/as del movimiento contra el túnel ferroviario. En la rueda de prensa se dieron a conocer las gestiones realizadas. A continuación reproducimos de manera íntegra el documento:
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila
Con punto de acuerdo, relativo al presunto desvío de recursos federales y el indebido trazo de la obra Túnel Ferroviario, en Manzanillo, Colima, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT
Loretta Ortiz Ahlf, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La obra Túnel Ferroviario, programada y ejecutada por la administración portuaria federal, ha activado un conflicto social en Manzanillo pues, además de realizarse en situaciones irregulares –violando el marco de los reglamentos municipales–, presenta una serie de deficiencias que repercutirán directamente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Intereses económicos han determinado la realización de esta obra y el Estado no ha mostrado disposición para abrir un espacio de diálogo frente a las exigencias ciudadanas, por lo que las vías de negociación y participación de la comunidad.
La SCT promovió en 2010 el proyecto Túnel Ferroviario, una obra que pretende modificar el trazo del ferrocarril en Manzanillo para -supuestamente- solucionar un problema vial y de infraestructura.
En 2012 se clausuró la obra por irregularidades en el otorgamiento de la licencia pues según un dictamen emitido el 24 de abril de 2013 por una comisión de regidores de la actual administración municipal, la SCT no cumplió debidamente la documentación y los requisitos necesarios en los expedientes presentados para el proyecto ferroviario; incluso, la licencia de construcción con la que cuenta la SCT fue otorgada de forma arbitraria por la subdirectora de desarrollo urbano de la administración de Nabor Ochoa, lo cual viola varios reglamentos municipales y leyes de la administración pública.
El Inplan (Instituto de Planeación) ha cuestionado la viabilidad del proyecto ferroviario y señaló que el proyecto de la SCT generará “grandes problemas para la ciudad, atenta contra la seguridad pública y desarticula el contexto urbano, deprime las colonias sector 6, San Pedrito en un entorno inmediato y demerita la calidad de vida en su conjunto”.
La oposición de pobladores no es cerrada, sino que ha llevado a la generación de 5 alternativas para el desvío del ferrocarril, producto de una serie de reuniones entre partes involucradas en el conflicto.
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Colima, se determinó que el mejor trazo para el desvío son las propuestas de la Canaco y la de Inplan y Aciman. En último lugar de viabilidad aparece la propuesta de la SCT.
La obra del “túnel ferroviario” trazada por la SCT no cumple con una de las normas urbanas prioritarias –como lo es alejar el tráfico pesado e intenso del núcleo urbano– por lo que no resuelve los problemas de contaminación y afectación a la calidad de vida de la población, las alteraciones a la salud, el riesgo de accidentes y el desaprovechamiento del valor estético de la zona urbana. Esta obra es desde un inicio obsoleta pues a corto plazo será insuficiente en relación a las dinámicas del puerto.
El 1 de julio se inició la construcción del túnel ferroviario (con el trazado de la SCT) pues la Secretaría argumenta haber obtenido un amparo para continuar los trabajos. Esto constituye una abierta irregularidad, pues el amparo que la SCT está utilizando como pretexto para ignorar los reglamentos y la normatividad municipal le fue otorgado por un juez federal, únicamente con el propósito de que obtuviera una respuesta por parte de las autoridades municipales.
Como cualquier abogado mexicano sabe, un amparo otorgado con motivo del ejercicio del derecho de petición únicamente implica la obligación de las autoridades (en este caso, de las municipales) de responder, sin que ello signifique que deba responderse afirmativamente o de conformidad con los intereses del peticionario.
En el Presupuesto de Egresos de 2013 se autorizaron 583.7 millones de pesos, mientras que el resto se aprobaría en 2014.
Por lo anterior, me permito apelar a la sensibilidad de los representantes populares que aquí se reúnen, para que podamos realizar un exhorto al Gobierno Federal y particularmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que suspenda de inmediato los trabajos del proyecto Túnel Ferroviario, para atender las propuestas y alternativas de los pobladores de Manzanillo, mostrando voluntad para cumplir con la normatividad municipal.
Por lo expuesto se someten a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a detener de inmediato la construcción de la obra Túnel sdFerroviario para atender las propuestas y opciones de los pobladores de Manzanillo, dando paso a verdaderos procesos de información y diálogo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que antes de continuar cualquier trazo de la obra Túnel Ferroviario, en Manzanillo, cumpla a cabalidad la normativa municipal.
Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría de cumplimiento financiero y una de desempeño sobre el proyecto Túnel Ferroviario, dado que en su realización se ejercen recursos públicos federales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.
Diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica)