Colima, México (27 de noviembre de 2013) A pesar de que el cobro es inconstitucional, para el próximo año los 10 municipios del estado seguirán contemplando dentro de su esquema recaudatorio el Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Así lo informó el presidente de la comisión de Gobierno Interno en el Congreso, Martín Flores Castañeda, quien reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no es correcto el esquema que los Ayuntamientos tienen actualmente para recaudar ese dinero.
Sin embargo, sostuvo que los municipios no le han presentando al Poder Legislativo otra propuesta que les permita cobrar a la ciudadanía por este derecho sin violentar la Constitución.
“No hay un solo alcalde que no nos pida este cobro, y tienen derecho a recibir la contraprestación del servicio que le prestan a la población que es de alumbrado público”.
Dijo que en el Congreso local se analizarán propuestas para cobrar el DAP sin incurrir en los errores que ha señalado la SCJN, “pero queremos dar pasos certeros y ser justos. Algunas (personas) hablan de injusticia, pero son las menos, la mayoría de la población paga lo justo en relación con su consumo (de energía)”.
Luego, indicó: “Es la parte que señala (la SCJN) que no es lo más correcto porque no es equitativo y proporcional. La parte equitativa no la tenemos pero la parte proporcional sí”.
El coordinador de los legisladores priistas reconoció que la SCJN ha determinado que no es correcta la aplicación del DAP, pero sostuvo que dicho órgano judicial nunca ha dicho que no se cobre, “lo que ha dicho es que se busque otro mecanismo que es lo que estamos buscando”.
Flores Castañeda refirió que los municipios y el Instituto Hacendario del Estado deberán trabajar en un esquema que les permita cobrar el DAP sin violentar la Constitución, de lo contrario las empresas seguirán ganándoles los amparos como ha sucedido hasta la actualidad.
“El poder Legislativo legisla y hay dos órganos técnicos, el OSAFIG y el Instituto Hacendario, además las entidades públicas que nos deben de plantear qué instrumentos legales necesitan para ser más eficientes”.
