Colima, México. Avanzada (6 de enero de 2014).- A casi dos semanas de que judiciales allanaron la oficina de la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Rocío López Llerenas, el Gobierno de Estado no ha fijado postura sobre este hecho, a pesar de que distintos actores políticos y civiles del estado consideraron que la Procuraduría de Justicia del Estado había violentando la autonomía del Poder Judicial.
El pasado 19 de diciembre, la destitución del proyectista jurídico de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rumualdo García Mejía, ocasionó que policías ministeriales allanaran la oficina de la magistrada Rocío López Llerenas Zamora.
A pesar de las voces que exigieron la renuncia del Procurador de Justicia del Estado, Marcos Santana y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael García Rincón, quien permitió que policías armados ingresarán al edificio del Poder Judicial.
Un día después de los hechos el presidente estatal del PAN, Salvador Fuentes Pedroza, calificó como un acto aberrante la irrupción de policías armados en las instalaciones del STJE, quienes acompañados del secretario general de acuerdos del Tribunal sustrajeron equipo de cómputo y documentos de la oficina de López Llerenas.
El ex diputado local sostuvo que con este acto se vulneró la autonomía del Poder Judicial y se violaron las garantías de la magistrada, quien cuenta con fuero constitucional.
El dirigente del PAN demandó al gobernador Mario Anguiano remover de su puesto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Marco Santana.
En esa misma postura se pronunció el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Rodríguez García, quien incluso afirmó que hay elementos para la instauración de un juicio político contra el presidente del STJE, Rafael García, por su responsabilidad en esos hechos.
Cabe recordar que derivado de este incidente Rocío López Llerenas sufrió un quebranto en su salud y hubo de ser trasladada de emergencia por socorristas de la Cruz Roja al Centro Médico de Colima.
Por su parte el Poder Judicial a través de un comunicado firmado por el secretario general de Acuerdos, Roberto Rubio Torres, el STJE informó que la destitución de Rumualdo García fue por “conducta indebida como servidor público en relación a sus superiores y a la institución, que por su naturaleza configura causales de rescisión laboral previstas en la ley burocrática vigente, así como pérdida de la confianza”.
También destacó que debido a que personal adscrito a la Segunda Sala Penal se encontraba sustrayendo algunos bienes, se tomó la decisión de resguardar el equipo de cómputo del proyectista, “para evitar que se dañara, o que suprimiera la información oficial contenida en dicho ordenador”.
Rumualdo García, el proyectista destituido por mayoría de integrantes del pleno —con el voto en contra de los magistrados Miguel García de la Mora, Rocío López Llerenas y Bernardo Salazar— en los últimos años había fungido como presidente de la Asociación de Secretarios y Proyectistas del Poder Judicial del Estado de Colima AC, y desde entonces ha realizado una serie de denuncias públicas y formales por malos manejos en el STJE.
Durante el 2012 y 2013, la magistrada Rocío López Llerenas denunció malos manejos financieros por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael García Rincón.
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