Un grupo plural de 23 ciudadanos que han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el decreto de reforma constitucional en materia energética y su base principal para la argumentación fue la reforma electoral que aprobó el Congreso de Colima en 2008 y que anuló la SCJN.
En su misiva, los 23 intelectuales, entre los que destacan los escritores José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, Vicente Leñero, Sergio Pitol, y Luis Villoro, señalaron que la reforma energética fue aprobada por los legisladores federales y locales sin reflexión. Los intelectuales en su argumentación mencionaron como un precedente ineludible, que en noviembre de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inválidos varios decretos legislativos promulgados en el estado de Colima por no cumplir con los principios democráticos que sustentan la forma de gobierno, al ser resultado de un proceso sumario en el que los legisladores “no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis, como es el caso para la reforma que hoy impugnamos”.
En el 2008, la SCJN, en un hecho poco común, anuló en su totalidad las reformas en materia electoral de Colima que impulsaron los legisladores locales del PRI. La mayoría de los ministros consideraron que el proceso legislativo que se siguió fue inconstitucional en virtud de que no se justificó la urgencia para que los cambios electorales se aprobaran en 24 horas.
Este hecho sirvió de base para que los 23 intelectuales mexicanos expusieran que los cambios constitucionales en materia energética adolecen de un grave vicio de origen, ya que fueron votados con enorme premura por los legisladores federales y estatales, sin darse siquiera el tiempo necesario para efectuar el análisis indispensable para una reforma de tal trascendencia, y en algunos casos ni siquiera para leerlos.
La carta que se publica en el periódico la Jornada en la edición de este jueves 16 de enero está firmada por: Manuel Peimbert, Luis Villoro, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Federico Silva, Margit Frenk, Vicente Leñero, Margo Glantz, José Alberto Manrique, Graciela Iturbide, Felipe Cazals, Hugo Hiriart, Soledad Loaeza, Lorenzo Meyer, José Agustín, Jorge Fons, Oscar Chávez, Hugo Gutiérrez Vega, Paul Leduc y Javier Álvarez.
A continuación se reproduce la carta íntegra:
El pasado 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética; esos cambios afectarán en gran medida a la sociedad y a los ciudadanos mexicanos de hoy y del futuro.
Entre otros puntos cuestionables, dichos cambios adolecen de un grave vicio de origen, ya que fueron votados con enorme premura por los legisladores federales y estatales, sin darse siquiera el tiempo necesario para efectuar el análisis indispensable para una reforma de tal trascendencia, y en algunos casos ni siquiera para leerlos, llegando a constituir un contrasentido de tener parlamentos sin parlamento y sin, por otra parte, proporcionar información clara y veraz a los ciudadanos que somos los principales afectados.
Considerando inconstitucionales tales procedimientos, un grupo independiente, diverso y plural, integrado por ciudadanos que hemos recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes e independientes de todos los partidos políticos, hemos decidido impugnar el decreto de la reforma constitucional energética, ante un juez federal, por violaciones graves al procedimiento de reforma constitucional, cuyas bases están previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna.
Por ello, acudimos a un amparo de doble instancia, con el objeto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza la facultad de atracción que le concede el artículo 40 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso en el que subyace una cuestión de constitucionalidad, a fin de que se pronuncie, con plena jurisdicción, en torno a la sustancia de nuestro recurso de amparo. Más allá de su contenido y de sus efectos en la soberanía nacional, la economía, la vida política y la cultura de nuestro país, sostenemos que con procedimientos como los realizados para asegurar la irreflexiva aprobación de la reforma energética, se prefiguran formas de ejercicio del poder público que dañan a la sociedad y hacen retroceder, peligrosamente, a México a los tiempos del autoritarismo que dábamos por superados.
Procede recordar, por ser un precedente ineludible, que la Corte a quien hoy nos dirigimos, declaró inválidos en noviembre de 2008 varios decretos legislativos promulgados en el estado de Colima por no cumplir con los principios democráticos que sustentan la forma de gobierno, al ser resultado de un proceso sumario en el que los legisladores no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis, como es el caso para la reforma que hoy impugnamos.
Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. José María Morelos y Pavón.