**A pesar de que se detectó la extracción irregular de 82 tarjetas de dédito que eran cobradas por una sola persona bajo órdenes de funcionarios estatales, no hubo ningún sancionado; el PRI le dio carpetazo al asunto **Una vez más ayer se dio a conocer otro acto irregular con tarjetas bancarias de gobierno del estado; el Ejecutivo, sin dar más detalles, asegura que el caso se está investigando.
Colima, México (28 de enero de 2013).- Ninguna persona fue sancionada o encarcelada por el robo millonario cometido contra el gobierno del estado hace casi diez años, cuando se descubrió que 82 tarjetas de débito Pagomático Internacional Banamex de la nómina oficial habían sido substraídas y manejadas irregularmente. Nadie ha pagado por el delito y la mayoría del PRI en el Congreso del Estado, sin fincar responsabilidades para alguien, le dio carpetazo al asunto en 2008.
Al igual que en su momento el ‘tarjetagate’ puso al descubierto lo que podría ser una red de corrupción que implicaba a las administraciones del exgobernador Fernando Moreno Peña y el Ejecutivo en 2004, Gustavo Vázquez Montes, los hechos revelados el día de ayer ponen en el ojo del huracán actos irregulares en el sexenio actual encabezado por Mario Anguiano Moreno.
Este lunes se dio a conocer otro tarjetagate similar al de hace diez años: dos empleados de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado junto con un miembro del Comisariado Ejidal, extraían el recurso de tarjetas bancarias que nunca fueron entregadas a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI).
El fraude fue detectado en Armería, donde citricultores afectados por la plaga del Dragón Amarillo debían recibir 2 mil 562 pesos cada uno. Como parte del programa, 2 mil 644 personas que trabajan en el cultivo de limón debieron beneficiarse con este programa en Armería.
Ante los hechos y sin dar a conocer nombres, de inmediato el Ejecutivo emitió un boletín de prensa en donde asegura que se detuvo a dos sujetos y se están realizando las investigaciones correspondientes, además de que las víctimas de fraude ya habían recuperado casi por completo los recursos.
DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD
Fue a mediados de marzo de 2004, estando Gustavo Vázquez Montes como gobernador de Colima y Mario Anguiano Moreno como diputado local presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, cuando se dio la detención de un trabajador del gobierno de Colima con 82 tarjetas de débito Pagomático Internacional Banamex de la nómina oficial.
Era la madrugada del 11 de marzo de hace casi diez años cuando elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvieron en Puerto Vallarta, por exceso de velocidad, a Manuel Mejía Rosas y su acompañante, Silvestre Brambila Mejía. Ahí se descubrió que llevaban varias tarjetas bancarias.
Por lo anterior fueron turnados ante la agencia del Ministerio Público del fuero común, en donde Manuel Mejía declaró que las tarjetas se las había entregado la misma coordinadora administrativa de la Secretaría de Administración del gobierno de Colima, Concepción Llerenas Tejeda, quien desde meses antes le encomendaba cada quincena retirar efectivo de numerosos plásticos, bajo el pretexto de que era para realizar unos pagos. Ella le decía que “los jefes superiores se encontraban enterados”, relató el detenido.
De acuerdo con el acta del expediente 958/2004 de la Procuraduría de Jalisco, entre las cantidades mayores que Manuel Mejía llegó a retirar, éstas alcanzaron los 700 mil pesos, mientras que su compañero Silvestre Brambila sólo lo llevaba hasta el puerto jalisciense a realizar las operaciones en cajeros automáticos.
LA PGJE LOS LIBERA
El mismo día de la detención, el entonces procurador de Justicia en Colima, Gilberto García Nava, solicitó a su homólogo en Jalisco la entrega de Manuel y Silvestre, bajo el argumento de que existía una denuncia desde dos días antes contra Mejía Rosas por robo calificado en contra de la administración estatal.
Una vez que el denunciado y Brambila Mejía llegaron a Colima la Procuraduría los puso en libertad. A Manuel con el pretexto de que no se trataba de un delito grave, pues según el dicho del titular de la corporación, nunca dispuso del dinero de las tarjetas y, “en consecuencia, no hubo daño patrimonial”.
Además, García Nava justificó que había concluido el tiempo legal de 48 horas para la detención ministerial, y la averiguación previa “no estaba aún perfeccionada”.
También Silvestre salió libre porque no había elementos para considerar su participación directa en los hechos.
TODOS LIMPIOS
Las supuestas investigaciones continuaron durante casi cuatro años, hasta mayo de 2008, cuando la mayoría priista en el Congreso del Estado optó por darle ‘carpetazo’ al Tarjetagate y finiquitar de culpas a Concepción Llerenas Tejeda, responsable del área administrativa del Ejecutivo, bajo el argumento de que “se pudo dar errores con los cuales no se genera un daño patrimonial, por lo que no amerita sanción, toda vez que no existe dolo en el delito”.
Así se estipuló en el dictamen presentado por la Comisión de Responsabilidades, mismo que leyó el diputado del PRI, David Rodríguez Brizuela, se señala que no hubo delito cometido por Llerenas Tejeda, porque como responsable del área administrativa del gobierno de estado y con tantos trabajadores, se pudo cometer el error.
Además, el dictamen asentó que la cuenta pública del 2003 de la administración estatal no presentó irregularidades y que en el caso que se inmiscuyó a la funcionaria estatal, se puede catalogar como errores involuntarios, por lo que no alcanza una sanción.
En tribuna, la diputada panista Brenda Gutiérrez Vega, quien expuso que no es posible que se archive este caso y no se sancione a Llerenas Tejeda, al haber pruebas de que fue ella quien giraba órdenes a Manuel Mejía Rosas de que retirara de los cajeros dinero con tarjetas de las cuales a la fecha se desconoce al verdadero propietario.
El diputado Roberto Chapula de la Mora subió a tribuna para salir en defensa de la fracción del PRI, en donde expresó que la administración encabezada por Fernando Moreno Peña, fue honesta y se trabajó a favor de la ciudadanía. Subrayó que en el caso del Tarjetagate quedó concluido toda vez que la Procuraduría General de la República dijo que no hubo delito.