Colima, México (17 de febrero de 2013).- De cara a la próxima promulgación de la Ley Antiterrorista que hará el presidente Enrique Peña Nieto, tras la aprobación que hizo el Senado
de esta reforma, México se encamina hacia la “criminalización de la protesta social”, han denunciado académicos y actores políticos de oposición.
La minuta es similar a las que se viven en otros países en el mundo, entre ellos Argentina, Colombia, España, Egipto, Ucrania y Venezuela, en donde miles de personas han resultado heridas o encarceladas y otras más incluso han perdido la vida.
MUERTE DE JÓVENES
El pasado martes 11 de este mes el Senado de la República aprobó en lo general reformas al Código Penal, a la Ley contra la delincuencia y otras normatividades con el fin de combatir el terrorismo. La propuesta busca crear un nuevo tipo penal de terrorismo, que, a juicio de perredistas y petistas, criminaliza la protesta social y posibilita que los grupos de autodefensas de Michoacán, los trabajadores de Mexicana o los maestros disidentes sean considerados como terroristas.
Además, si alguien se quiere manifestar en contra de una mina, de la despenalización del aborto, en contra de una carretera o reforma o a favor de la marihuana, por ejemplo, podría enfrentar una pena de 15 a 40 años de cárcel y de 400 a mil 200 días de multa. E incluso podría ser considerado terrorista tanto en el país como en el mundo.
Así lo decidieron la mayoría de los diputados (PRI y PAN) en el Senado tras aprobar la Ley Antiterrorista, la cual contempla en su artículo 139 el castigo para quienes ejerzan un acto que lo que busca es que la autoridad tome una decisión o evite o resulte tal acto.
Un día después de que sucediera esto en México, en Venezuela las protestas cobraron la vida de al menos tres personas, según los medios de comunicación.
El miércoles 12 de febrero una protesta estudiantil conmocionó al país sudamericano. Se conoce que dos de las víctimas fatales son estudiantes opositores y la tercera, un militante oficialista.
Según informa el diario venezolano El Nacional, “Bassil Alejandro Dacosta, alumno de 24 años en la Universidad Alejandro Humboldt, murió cuando era intervenido en el hospital José María Vargas de Cotiza. En el mismo centro de salud, falleció Neyder Arellano Sierra, que cursaba Derecho en la Universidad central de Venezuela. Ambos llegaron con heridas de balas”. También se habló de varios heridos.
Todavía el sábado pasado, por cuarto día consecutivo, continuaron las protestas de jóvenes. Ese día, las fuerzas de seguridad venezolanas usaron gases lacrimógenos para dispersar a estudiantes que se dirigían a la principal autopista de la capital y evitar que la bloquearan al cumplirse el cuarto día consecutivo de manifestaciones contra el gobierno.
En los tres días anteriores, cientos de manifestantes bloquearon el tráfico durante varias horas con el fin de exigir justicia para los dos estudiantes asesinados el miércoles en medio de enfrentamientos con la policía y las milicias armadas progubernamentales.
EXPERIENCIA VECINA
A un lado de Venezuela, en Colombia, fue en octubre del año 2012 cuando la Corte Constitucional avaló una penalización ambigua e indeterminada a la protesta social, bajo el criterio indefinido de la “utilización de medios ilícitos”. El año anterior (2011), se habían contado en ese país más de mil 500 protestas.
El sentimiento de indignación ante la corrupción generalizada, que afecta diariamente todos los aspectos de la cotidianidad de los ciudadanos, propició que en ese año se hicieran frecuentes las protestas en las calles, universidades, campos y fábricas; por lo que para frenar esa oleada de expresiones de inconformidad, el Congreso de la República, de mayoría oficialista, aprobó una ley que penaliza comportamientos propios de la protesta social.
La Ley 1453 de 2011 penaliza a quienes, utilizando “medios ilícitos”, participen en la obstaculización de la infraestructura de transporte. Esa misma ley penaliza a quienes por cualquier medio ilícito, imposibiliten la circulación o dañe vehículos destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial.
Mientras, recientemente en Argentina también se han manifestado “en contra de la criminalización de la protesta”. Hoy por la mañana el gremio ATEN y diversas agrupaciones sociales y políticas realizaron una protesta frente a las oficinas de la Fiscalía Federal 1 de la capital neuquina en protesta por la causa judicial iniciada contra uno de los dirigentes del gremio docente por un corte de ruta realizado el año pasado.
En diciembre de 2011 la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, promulgó la polémica Ley Antiterrorista a pesar de los reclamos de organizaciones sociales y políticas, que mostraron su rechazo.
A través de decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, la jefa de Estado promulgó las normas aprobadas por el Congreso en sesiones extraordinarias, entre ellas la Ley Antiterrorista, que no solo fue resistida por la oposición, sino también criticada por dirigentes y organismos afines al oficialismo, a partir de los alcances que podría tener a futuro en la criminalización de la protesta social o el ejercicio del periodismo.
DEL OTRO LADO DEL MUNDO
En febrero del año pasado el Gobierno de Egipto aprobó el proyecto de Ley para reprimir y criminalizar la protesta social. La propuesta de ley de manifestaciones fue aprobada por el gabinete egipcio el día 13 y pretendía ser una herramienta de represión social con el objetivo de contener la revuelta popular que vivía el país desde varias semanas atrás.
El texto legal aprobado fue denunciado por los movimientos sociales por limitar la libertad de expresión y criminalizar la protesta social. El proyecto castiga como delincuentes a las personas que no cumplan los requerimientos legales cuando organicen una asamblea, impone amplias restricciones en términos de orden público, limita la decisión de los organizadores sobre el lugar en el que se celebra la concentración o manifestación y concede discreción al Ministerio del Interior para proponer objeciones a una convocatoria.
La represión de la Policía contra las protestas de 2011 acabó con la vida de decenas de personas y dejó más de mil heridos en enfrentamientos con agentes antidisturbios. Así, Egipto emitió una ley que hace ilegal que más de 10 personas se reúnan en un lugar público, a menos que una comisaría apruebe la reunión tres días antes.
A casi un año de distancia, el pasado mes de enero entró en vigor la ley que criminaliza las protestas en Ucrania.
A pesar de las peticiones de la oposición para que el Gobierno revocara las nuevas leyes que restringen drásticamente la libertad de expresión y los derechos de reunión, el presidente ucraniano, Victor Yanukovich, dio el último paso para que entre en vigor su polémica ley.
La normativa establece la persecución penal y el encarcelamiento por participar en la organización de manifestaciones masivas no autorizadas. Las leyes han sido criticadas desde la Unión Europea y por la oposición política. Pero el Partido de las Regiones, que sostiene al Gobierno, la defiende como una normativa en consonancia con las normas democráticas europeas.
De igual forma en España, la prensa ha dicho que el presidente Rajoy criminaliza las protestas.
En diciembre del año pasado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encontró la “fórmula mágica” para acabar con las protestas callejeras, cuatro mil durante 2012: la Ley de Seguridad Ciudadana. Con esa ley se quiere castigar con hasta 30.000 euros de multa –originalmente eran 600.000– “alteraciones del orden público” si el manifestante se cubre el rostro con bufanda o capucha; escalar edificios para colgar carteles; fotografiar o filmar a policías; los escraches a cargos públicos y un largo etcétera.
Pese a todas las restricciones que han puesto los gobiernos la gente sigue molesta y en muchos casos sigue saliendo a las calles a protestar por los que considera sus derechos.