Colima, México (01 de marzo de 2014).- Rubí Marisol Frayre, Marisela Escobedo Ortiz, Jorge Mario Moreno León, Nepomuceno Moreno Núñez, Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román, Félix Rafael Bandera Román, Raúl Lucas, Manuel Ponce, Víctor Ruiz Martínez y su esposa Salomé García López, y Celedonio Monroy Prudencio son tan sólo algunos de los nombres de decenas de luchadores sociales que han sido desaparecidos o asesinados en los últimos cinco años.
Su único delito fue buscar a algún familiar, protestar por la instalación de alguna mina, por la deforestación en algún lugar o por explayar su inconformidad ante cierto suceso que ellos consideraban injusto. Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima son parte de los estados en donde estas personas han sido castigados.
En algunos casos se habla de policías inmiscuidos, en otros se señalan a cárteles de la droga, en otros más se ha denunciado que hay autoridades y gobiernos detrás de los crímenes. Muchas de las víctimas eran indígenas y personas de escasos recursos. Hasta hoy en día, a pesar de las recomendaciones hechas por organismos nacionales, como la CNDH; o internacionales, como la ONU; algunos casos continúan impunes, y lo peor es que las desapariciones y asesinatos continúan.
ASESINADOS POR PEDIR JUSTICIA POR SUS HIJOS
Dos casos estuvieron en la boca y mirada de muchos. Dos casos de dolor, injusticia e impunidad. Un madre que protestaba por la desaparición de su hija y un padre que buscaba arduamente a su hijo también desaparecido, terminaron asesinados.
El primer caso se dio a mediados de diciembre de 2010, cuando Marisela Escobedo Ortiz, quien durante años había realizado diversas manifestaciones para exigir el esclarecimiento de la desaparición de su hija Rubí Marisol, fue ultimada frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Días antes la activista había denunciado amenazas de muerte por parte de la familia del presunto asesino, Barraza Bocanegra, quien fue absuelto en juicio oral, pero semanas después condenado, pero éste ya era prófugo de la justicia.
El segundo caso es el de Nepomuceno Moreno Núñez, quien de igual forma buscaba y exigía a las autoridades la aparición de su primogénito Jorge Mario Moreno León, y finalmente fue ultimado a finales de noviembre de 2011. Este fue el asesinato de un padre que no alcanzó a encontrar a su hijo, se lo habían “llevado” el 1 de julio de 2010.
En vida, el hombre realizó investigaciones por su cuenta y le arrojaron que a su hijo se lo llevaron policías municipales de Obregón en contubernio con la Procuraduría Estatal de Sonora, a partir de entonces comenzó a protestar en el Centro de Hermosillo y desde agosto, comenzó el hostigamiento. Por esta razón, le entregó al presidente Felipe Calderón el expediente de la desaparición de su hijo, durante el segundo diálogo con el Movimiento por la Paz. Aún así, a Nepomuceno lo asesinaron a los 56 años, mientras viajaba por una calle de Hermosillo.
DESAPARECEN LUCHADORES SOCIALES
En los últimos cinco años se han recolectado historias trágicas de activistas que han desaparecido tras protestar por lo que consideraban una injusticia. Está el caso, por ejemplo, de los sucedido en Ostula, Michoacán, en febrero de 2010.
Igual que se da en las comunidades zapatistas, la comunidad nahua de Ostula se vio duramente golpeada tras la desaparición forzada hace escasos días de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales; Javier Martínez Robles y Gerardo Vera.
Hechos similares se dieron a mediados del año pasado en Guerrero, donde ocho activistas de una organización campesina desaparecieron en la región norte, donde se habían registrado diversos hechos de violencia contra líderes sociales. Integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, junto con su líder Arturo Hernández, bloquearon una carretera de Iguala, un municipio del norte del estado, para demandar fertilizantes al gobierno y, horas después, fueron reportados desaparecidos, informaron familiares.
El gobierno estatal confirmó que la fiscalía del estado inició la búsqueda. Hernández había efectuado diversos manifiestos contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien critica por su indiferencia sobre crímenes contra líderes sociales del estado y el asesinato de dos estudiantes de una escuela superior del municipio rural de Ayotzinapa, en diciembre de 2011.
En junio del año pasado fueron localizados los cuerpos de tres luchadores sociales de ocho que desaparecieron tras una protesta en demanda de fertilizante. Así terminaron el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román, también militantes de ese partido.
Un día después se cumplieron 15 años de la masacre del Charco donde fueron asesinados 7 hermanos indígenas Na savi y cuatros combatientes, “masacre que al igual que todos los crímenes también quedo sin justicia alguna”.
Meses después desaparecieron otros activistas antiminas en Oaxaca. Se trata de los indígenas Víctor Ruiz Martínez y su esposa Salomé García López quien se presume fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AEI), dependiente de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).
El 15 de marzo del 2012, fue asesinado en la carretera Oaxaca, Ocotlán el líder opositor anti minas Bernardo Vásquez Sánchez por dos sujetos que le dispararon a distancia desde un vehículo en movimiento. La Procuraduría reportó semanas después la detención de dos de los implicados, sin embargo siga abierto el expediente en espera de lograr la captura de más implicados en el crimen.
DECENAS DE VÍCTIMAS MORTALES
Manifestarse en contra de una mina ha cobrado varias vidas en Colima y Jalisco, al menos 35 personas han sido asesinadas y tres más desaparecidas cuando se han quejado de las irregularidades que comete Peña Colorada, empresa que ha contaminado sus tierras y no ha cumplido con los acuerdos.
Así lo expuso en entrevista con este reportero meses atrás Esperanza Salazar Zenil, representante de Bios Iguana, quien adviertó que las víctimas mortales podrían ser más, ya que muchas no se denuncian precisamente por el clima de incertidumbre y terror que se vive ante la presión de la empresa y de los mismos gobiernos, quienes han sido cómplices y además provocan que haya más pobreza en el lugar.
Son al menos 35 personas las que han sido asesinadas por haberse quejado del trato que reciben de los gobiernos y la falta de acuerdos de Peña Colorada, dijo la también integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Tras recordar que también a un integrante de la Comisión de Derechos Humanos lo desaparecieron, asegura que no hay estado de derecho en este lugar, y las autoridades y dueños del consorcio minero hacen lo que quieren aún a costa de la vidas y salud de los habitantes.
Son treinta y cinco asesinatos no inventados, “ahí están los nombres. En la Red Mexicana de Afectados por la Minería se está haciendo este tipo de recopilación de información de las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las luchas contra la minería. Estamos tratando de recopilar los datos de los asesinados en el país”, subrayó Esperanza Salazar.
La lista de asesinados reportada por REMA en las zonas aledañas a Peña Colorada se conforma por: Odilón de Jesús, Félix González, Juan Velázquez, Margarito Flores, Guadalupe Elías, Adán y Andrés Ciprián, Crescencio Chávez, Cirilo Villa, Abel y José Roblada, Rubén Fermín, Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, Felipe y Cleto Hermenegildo, Santos Prudencio Villa, Cleofas Aldama, Apolinar Flores, Espiridión y Gabino Jacobo, Francisco Quiñones, Nazario Aldama Villa, Concepción Gabiño Quiñones, Mancilla Roblada (hermano de Gaudencio), Avelino Monroy Sandoval, Alejandro Monroy de Níz, Raúl Delgado Benavides, Aristeo Flores Rolón, Miguel Delgado, Francisco Javier Nogales Núñez, Alberto Herrera Casillas, entre otros que seguramente no tuvieron la suerte de aparecer en algún medio.
Además hay tres desaparecidos: Agustín Mancilla Partida, Víctor Hugo Saldaña (visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos) y Celedonio Monroy Prudencio. Este último desde el 23 de octubre de 2012 fue secuestrado por encapuchados en su domicilio, en Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
ONU PIDE PROTEGER A ACTIVISTAS
Ante la grave problemática, la Organización de las Naciones Unidas advirtió en octubre del año pasado que México debe mejorar el control sobre sus fuerzas de seguridad para evitar que cometan graves crímenes contra civiles e investigar a fondo todas las desapariciones de personas, principalmente de activistas y otros sectores vulnerables.
El representante de Suiza, Michael Meier, señaló que pese a la disposición de México a mejorar el entrenamiento de sus autoridades, el número de funcionarios sospechosos de estar involucrados en desapariciones forzadas es “muy alarmante”.
“México, la segunda mayor economía de Latinoamérica, sufre de una epidemia de secuestros y asesinatos vinculados a la violenta guerra contra el narcotráfico. Alrededor de mil muertes se reportan cada mes a causa de la violencia del narco, según cifras oficiales”.
El diplomático estadounidense Peter Mulrean señaló: “recomendamos que México continúe esforzándose para hacer más transparente las decisiones judiciales acerca de abusos de derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad, y que siga trabajando para reformar la policía civil”.
Mientras, Gran Bretaña demandó que continúe el trabajo para incrementar la transparencia y reducir la impunidad y la corrupción, que siguen siendo “obstáculos significativos al respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley”.
A pesar de todo ello, decenas de muertes de luchadores sociales siguen en la impunidad, mientras que muchos otros siguen sin rastro.