Colima, México. Avanzada (25 de marzo de 2014) Casi dos meses después de las denuncias, la diputada federal Martha Sosa Govea solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar las denuncias de un presunto fraude cometido a los beneficiarios de los programas de Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato en el estado de Colima.
La legisladora, a través de una solicitud por escrito dirigida al diputado José Luis Muñoz Soria presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, pidió que dicha institución informe de manera puntual los resultados de la investigación que lleve a cabo.
Manifestó que al parecer las irregularidades se encuentran en 5 mil 853 tarjetas, que juntas sumarían aproximadamente 15 millones 800 mil pesos, según los datos recabados.
El 27 de enero se informó que dos empleados de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, junto con un miembro del Comisariado Ejidal, extraían el dinero de tarjetas bancarias que nunca fueron entregadas a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI).
Este fraude fue detectado en la comunidad Cofradía de Juárez, municipio de Armería, donde citricultores afectados por la plaga Huanglongbin, conocida como Dragón Amarillo, debían recibir 2 mil 562 pesos cada uno.
Ante esta situación Sosa Govea refirió que los beneficiarios de esos programas han relatado a los medios de comunicación colimenses que en las tarjetas de débito que les otorgaron para cobrar el dinero de dicho programa nunca se hizo el depósito correspondiente.
Recordó que las denuncias comenzaron a surgir en enero de este año cuando campesinos de Armería y Tecomán hicieron públicos sus casos. Sosa Govea recordó que esos programas fueron manejados por el gobierno de Colima.
En su escrito la legisladora sentenció: “No omito comentar a usted que según declaraciones de la autoridad, la Procuraduría de Justicia del Estado encontró hechos delictivos cometidos por un particular y dos funcionarios de la Secretaria de Planeación del mismo gobierno estatal, quienes fueron cesados de su empleo a consecuencia de su conducta desprovista de probidad”.
Asimismo, sentenció que el Gobierno del Estado infirmó que en su momento se reintegró la totalidad del recurso a los beneficiarios, “y que todos los beneficiarios del programa otorgaron el perdón a favor de los inculpados, en razón de que les fue reparado el daño a su entera satisfacción”.
La diputada federal sentenció que en aras de la transparencia y rendición de cuentas, “es necesario la intervención de la Cámara de Diputados para la clarificación del manejo de estos recursos y sobre todo, que se revisen las deficiencias de control interno de las dependencias involucradas en el ejercicio de los recursos federales”.
Sosa Govea manifestó que estará al pendiente de la respuesta a esta solicitud y también de las acciones “de corrección y prevención a fin de evitar futuros casos de abuso y contubernio entre funcionarios y particulares”.
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