**Hay magistrados actuales cómplices, advierte Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos; al denunciar que el estado continúa sin resolver la denuncia de hace casi tres años por las adopciones irregulares de niños mexicanos a irlandeses, por lo que podría continuar cometiéndose el delito **Exige al gobernador Mario Anguiano dar a conocer resultados de las investigaciones.
Guadalajara, Jalisco, México. Avanzada (31 de marzo de 2014).- “Estamos igual que al principio, hay un silencio de las autoridades y una negación ¿De qué sirvió ir a Colima a presentar denuncias?”, responde Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos (Find), al ser cuestionado sobre en qué quedaron las investigaciones de los supuestos menores de edad dados en adopción a irlandeses, denuncia que presentó hace más de dos años.
En entrevista con Avanzada, lamenta que nunca se les haya citado a los abogados inculpados a declarar, a pesar de que existieron las pruebas que demostraron que se cometió delito; por lo que exige al gobernador Mario Anguiano Moreno presentar los resultados de la supuesta investigación que se comprometió a hacer.
De igual forma, el defensor de los derechos de los infantes advierte que debido a que no hay avances sobre el tema, ni siquiera cambios en el Código Civil del Estado, las adopciones irregulares podrían continuar dándose en Colima, en donde “pareciera que es un temor en el estado de Colima entrar al fondo de esto” porque podrían salir los nombres de altos funcionarios, subraya Estrada Juárez.
TEMOR DE LAS AUTORIDADES
Hace más de dos años se dio a conocer una presunta red de adopciones ilegales en los estados de Colima y Jalisco, ninguna de las dos entidades ni la PGR ha informado sobre los avances en las investigaciones. El problema inició cuando policías de Zapopan, Jalisco, detuvieron a Laura Fabiola Carranza el 9 de enero de 2012. A ella le encontraron bajo su poder contratos para “rentar” niños para una campaña publicitaria en contra del aborto.
Sin embargo, el interrogatorio derivó en una serie de adopciones que se realizaban a través del despacho López López Asociados, en el cual se contactaba a parejas de origen irlandés para entregarles a menores de edad y los supuestos procesos de adopción se concretarían en Colima. Derivado de ello la Procuraduría General de la República atrajo el caso de la presunta red de tráfico de menores que operaba en Jalisco y Colima, que habría concretado unas 300 adopciones irregulares en los últimos cinco años en la entidad colimense.
De acuerdo con la organización que encabeza Estrada Juárez, con sede en Guadalajara, Jalisco, hay al menos 30 personas implicadas en el traslado de niños mexicanos a Irlanda, entre ellos funcionarios públicos, abogados y ciudadanos de ese país. En su primera denuncia, el presidente de la Find reportó a Carlos López por las ilegalidades en adopciones y después hizo una ampliación en donde señaló ilegalidades que encontró el ayuntamiento en adopciones, principalmente en Colima.
Pero a la fecha no hay resultados, insiste el entrevistado, “pareciera que es un temor en el estado de Colima entrar al fondo de esto. Hay elementos dentro de la copia que tiene la gente del Ministerio Público que integra esta averiguación, hay señalamientos claros y precisos de la cantidad de adopciones que se hicieron, si revisamos eso y si la procuraduría tuviera un poco de iniciativa vería que son los propios abogados los que llevan todas la adopciones en Colima y nunca fueron citados a declarar”, lamenta.
¿DÓNDE ESTÁN LOS RESULTADOS?
EL presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos recuerda que desde el principio las autoridades dejaban entrever que había protección hacia esos abogados. Hubo una negación primero de la procuradora (Yolanda Verduzco), anota, por lo que tuvo que entrar la PGR para que actuaran, “y luego dijeron que hubo unos detenidos y hasta ahí, pero no, tienen el Ejecutivo del estado y el presidente del Supremo Tribunal del Estado, Rafael García Rincón, que decirnos qué fue lo que encontraron en la investigación que se hizo”.
“El gobernador (Mario Anguniano) públicamente se comprometió a hacer la investigación ¿Dónde están los resultados de esa investigación? No debe de quedar en palabra. Se debe aclarar a los ciudadanos de Colima qué hizo el tribunal de justicia del estado, qué hicieron los jueces, los ministerios públicos, tan es así que ya no está la procuradora, salió, y qué bueno, esperemos que el actual fiscal dé un vuelco a esto y haga una investigación.
Adelanta que los exhortos que pudieran hacer las autoridades no tienen fuerza, se requieren acciones para que los colimenses extremen sus precauciones y deben de cambiarse las leyes porque actualmente son muy laxas, “después de dos años no ha habido modificaciones al Código Civil de Colima, todo sigue igual, pareciera que el escándalo no les afectó, y sigue siendo Colima el paraíso de las adopciones ilegales”.
Juan Manuel Estrada mantiene que hay un pendiente por parte de las autoridades, por parte del gobernador, “quien me retó públicamente a que presentara las pruebas, yo las presenté, se acreditó el delito, ahora le exijo a él que cumpla con su obligación de seguir con las investigaciones, ellos tienen un tanto, saben perfectamente cuál es el estado de las averiguaciones y no lo han concluido, ahí pueden seguir”.
JUECES CÓMPLICES
Por otro lado adelanta que está preparando más documentación, ya que encontró en el juzgado séptimo de distrito -donde se está llevando a cabo el caso penal en contra de los afectados-, más pruebas, “que me aterra, porque se dieron consentimientos de adopción por cartas certificadas que los jueces permitían, eso en declaraciones de las afectadas, que los jueces sabían perfectamente lo que estaba pasando porque les mandaban gente”.
“Las inculpadas iban y muchas veces se hacían pasar por las madres y no les pedían identificación alguna, bastaba con que otras dos personas identificaran a éstas para que se diera la adopción, con esto se acredita lo laxo que fueron los jueces del estado de Colima y nunca se hizo una investigación de lo que está pasando. Las autoridades estatales no están cumpliendo con su deber, vergüenza es lo que les falta.
Cuestionado sobre a qué le temen las autoridades, el representante de la fundación responde que “a los jueces que puedan estar inmiscuidos, que muchos de ellos son magistrados ahorita. Personas ligadas a gobierno. En esto se demostró que intervino el DIF, dieron su consentimiento, tuvieron conocimiento, lo mismo los ministerios públicos”.
“Solamente una mujer empezó a oponerse a las adopciones -continúa-, ganan un amparo y ese les sirvió de base para hacer todas las adopciones como si fuera un mismo cuadernillo. Los mismos abogados de dos a tres agencias que se dedican a hacer adopciones, son los mismos. Si revisamos el padrón de los juicios que se llevaron e Colima, son los mismos abogados patronos, que nunca han sido llamados a comparecer. Cuando hay una corresponsabilidad legal.
EL PARAÍSO
Colima sigue siendo el paraíso de las adopciones ilegales, insiste Juan Manuel Estrada Juárez al comentar que no hay cambios de fondo y pudieran estar operando de la misma manera. Tras reconocer que desconoce cómo están actuando hoy en día, desvela que el delito está, pero ahora corresponde a las autoridades poner trabas, no nada más hacer exhortos, “los exhortos no sirven, el que quiere las oye y el que no, no”.
“Ya van casi tres años y no ha pasado absolutamente nada, no ha hecho nada la Procuraduría para seguir con las investigaciones en el ámbito que le corresponde. Si bien es cierto que hubo delitos del ámbito federal, sin embargo hay delitos del orden penal que no han sido investigados por la PGJE de Jalisco. Hay un ministerio público investigador que es el responsable de esto, hubo señalamientos de por qué no investigó a los jueces y la respuesta fue que porque la procuradora de Colima (Yolanda Verduzco) no quiso.
El presidente de la Find añade que la PGR está sobre la averiguación y próximamente tendrá una reunión con el procurador de la República (Jesús Murillo Karampara), a quien le volverá a exponer la misma denuncia que presentó en Colima con los ciudadanos irlandeses y de la que el gobierno de Mario Anguiano Moreno no ha dicho nada.
Estrada Juárez finaliza: “Si bien es cierto que muchas de las adopciones de forma están correctas, de fondo no. No nada más son estos -los casos- ¿y las adopciones pasadas qué? No porque estén concluidas significa que están apegadas a derecho. Es obligación del Ministerio Público hacer una investigación a fondo, por eso es la impunidad en Colima en estos casos”.
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