* Se realizó la primera reunión del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. ** Se leyó un oficio en el que se informa a los proveedores de servicios de salud de Colima que están obligados a practicar el aborto médico en los casos no punibles.
Colima, Col.- Durante la primera reunión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil manifestaron que es impostergable realizar un trabajo coordinado entre las instancias de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la sociedad civil organizada, a fin de elaborar un Diagnóstico Estatal que identifique lugares y factores de riesgo que detonan la violencia contra las mujeres para poner en marcha políticas públicas efectivas.
En la reunión del Sistema estuvieron presentes el secretario general de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien asistió en representación del gobernador Mario Anguiano Moreno; la directora del Instituto Colimense de la Mujer (ICM), Yolanda Verduzco Guzmán; algunos presidentes municipales, funcionarios de diversas secretarías y seis organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de las mujeres, aunque algunas no fueron convocadas.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que asistieron sólo tuvieron derecho a voz. En asuntos generales, la directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, Carmen Nava Pérez y la directora consejera de la Fundación IUS Género, Evangelina Flores Ceceña, señalaron que la complejidad de la violencia de género en Colima requiere que se actúe de manera integral y efectiva, involucrando a las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil y entregaron a las autoridades un documento firmado por esas asociaciones y por Mujeres y Periodismo (MUPAC).
En el documento se menciona que en la actualidad se carece de datos precisos y casos específicos de violencia extrema contra las mujeres, así como de feminicidio. Se cuenta sólo con registros obtenidos de la prensa, no obstante que la ciudadanía tiene el derecho de conocer lo que realmente está pasando en la entidad, cuáles son los delitos y cómo van las investigaciones. Por ello, se solicita que se sistematicen y transparenten los casos de homicidios de mujeres en el estado en los últimos 20 años, para conocer si los homicidas han sido identificados y consignados ante un juez, si fueron sentenciados y están en la cárcel o si no han sido identificados y siguen prófugos, y si se resarció el daño a las víctimas.
Respecto al cumplimiento de las leyes y reglamentos que existen para atender la violencia de genero, se mencionó que se requieren más recursos económicos y humanos para atender a las mujeres de acuerdo con lo que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, pues es necesario que existan módulos del CEPAVI en todos los municipios de estado, que se instalen más mesas especiales para la atención de la violencia y se acondicionen albergues para la protección de las mujeres, así como brigadas de mujeres policías que atiendan el llamado de las víctimas de violencia.
En la reunión se instalaron cuatro subsistemas: el municipal regional, el de acción, el de armonización y el subsistema contra la violencia intrafamiliar. Al tomarles la protesta a los funcionarios de los cuatro subsistemas mencionados, el secretario general de gobierno, Rogelio Rueda, dijo que la violencia contra las mujeres no es un asunto ajeno a ningún colimense, y mucho menos debe serlo para quienes tienen una responsabilidad pública y forman parte del sistema.
Reconoció que las encuestas nacionales ubican a Colima en los índices más altos de violencia contra las mujeres con respecto a la media nacional, por lo que “si bien podemos revisar cuál es el mejor procedimiento (para atender esa problemática) o analizar el tema de la alerta de género, si es adecuado o no, lo que es un hecho es que tenemos esta problemática y es nuestra obligación atenderla”, enfatizó.
Previamente, la directora del ICM, Yolanda Verduzco, leyó el oficio que envió la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Prudencia Cerón Mireles, al secretario de salud de Colima, Agustín Lara Esqueda, quien no asistió al evento, en el que le informa que de acuerdo con la interpretación de las normas de los Derechos Humanos contenidas en la Constitución Política Federal y los tratados internacionales que México ha firmado, es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En el oficio, se especifica que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en sus artículos 11 inciso F y 12 que los Estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud y eliminar la discriminación contra la mujer a fin de garantizar entre hombres y mujeres el acceso a los servicios de atención médica, inclusive los que se refieran a la planificación familiar. En tal sentido, se emitió la recomendación número 33 inciso B para México, para que se realice el aborto médico en las entidades federativas (como Colima) que contengan causales de no responsabilidad en su código penal.
Según el artículo 190 del código penal local, en Colima no es punible el aborto cuando se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea consecuencia de una violación o de alguna técnica de reproducción asistida indebida, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el producto presente alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.
De acuerdo con el oficio referido, los proveedores de salud en el estado están obligados a realizar el aborto médico en los cuatro supuestos mencionados, sin que se incurra en un delito, ya que el código penal local no castiga la interrupción del embarazo en estos casos específicos.