Colima, México (4 de abril de 2014) A pesar de que el líder de las Autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles afirmó que los narcotraficantes de ese municipio han huido a Colima, los municipios de la entidad carecen de patrullas, armas y policías capacitados para enfrentar al crimen organizado.
Recientemente el alcalde priista de Minatitlán, Cicerón Alejandro Mancilla y la presidenta de Cuauhtémoc, la perredista Indira Vizcaíno Silva, señalaron su preocupación prácticamente el gobierno los ha dejado solos en la lucha contra la delincuencia.
Ante esta situación el diputado Fernando Antero Valle condenó la falta de apoyo a los municipios, y dijo que la seguridad tendría que ser una prioridad en cualquier estado de la república, “es una irresponsabilidad lo que está sucediendo”.
No obstante señaló que a pesar de que el crimen ha ido evolucionado en los últimos meses, el gobierno del estado prácticamente continúa con la misma estrategia a pesar de que ésta no ha dado los suficientes resultados positivos.
Asimismo dijo que la inseguridad se ha incrementado sobre todo en los municipios, donde existen carencias básicas como la falta de patrullas, armas o policías, “sin embargo recientemente hubo un sub ejercicio en el rubro de seguridad, es decir el gobierno que se perdiera dinero”.
El legislador panista indicó que son incongruentes las acciones que realiza el gobierno del estado, “por una parte hay carencias en los municipios, pero por otra, el gobierno permite que se pierda dinero federal que se tendría que haber destinado a este rubro”.
Antero Valle afirmó que es urgente que la administración de Mario Anguiano elabore un diagnóstico delictivo, “con la finalidad de trabajar en tres áreas, una de ellas la financiera, es decir que tendrían que buscarse recursos para fortalecer la infraestructura”.
Luego, sentenció que se tendría que trabajar en el mando legal a través del nuevo Código Penal Único, “pero esos son criterios tan disímbolos con los alcaldes, así es que el gobierno tendría que actuar y explicarles lo que viene con este tema”.
Más adelante refirió que la atención se ha centrado en los municipios grandes como Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, “pero nos hemos olvidado de los pequeños, los cuales de manera acelerada están viendo deteriorada su seguridad”.
Indicó que las extorsiones, los asesinatos, y robos a vehículos o casas habitación se han presentando prácticamente en todo el estado, “esto nos habla de que la violencia no se concentra en una sola zona, está avanzando y la mayoría de los municipios no tienen con qué garantizar la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.
Subejercicio en seguridad
A pesar de la falta de patrullas y equipamiento en los municipios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el pasado mes de febrero que el estado de Colima registró un subejercicio del 40 por ciento en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FAPS).
Lo anterior a pesar del incremento de los hechos delictivos que se han registrado desde el 2010 en la entidad. Los datos de la ASF corresponden al ejercicio fiscal 2012 y están disponibles en la página de internet de la ASF.
Entre las irregularidades que se encontraron destaca que el Gobierno de Colima no contó con mecanismos de control suficientes para que los recursos del FASP fueran aplicados en su totalidad, por lo que el sub ejercicio fue de un 40.por ciento, es decir que únicamente se invirtió el 60 por ciento del dinero.
Por este hecho la ASF solicitó a la Contraloría del Gobierno iniciar con la investigación y en su caso fincar procedimientos administrativos por omisión de los servidores públicos.
Además, la ASF integró el expediente número. EXP.R/ASF/FASP15/005/2013, en contra de servidores públicos, pero no se especifica por qué hechos.
De igual forma los auditores consideraron que hubo un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública Federal por un monto de 10 millones 076 mil pesos.
Lo anterior porque no se aplicaron los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2012.
Asimismo, la ASF documentó que el gobierno de Colima adjudicó de manera directa el programa de fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza para lo cual destinó poco más de 4 millones de pesos.
El reporte de la auditoria dice que no se motivaron de manera suficiente los criterios de transparencia. También se observó que se otorgó al proveedor un anticipo por 3 millones pesos, que corresponde al 70% del monto contratado, sin que se presentara la evidencia de autorización del titular de la dependencia, ni el aviso a la Secretaría de la Función Pública.
En el 2012 Colima cerró con 195 asesinatos.