**Solo seis estados han avanzado en la adecuación de sus leyes para armonizarlas con la Ley General de Víctimas: Aguascalientes, Colima, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo, sin embargo en el caso de Colima tampoco se ha creado la comisión de atención a víctimas, y no existe un registro local, o el fondo de ayuda y reparación del daño.
Colima, México.- A pesar de la tragedia que viven miles de familias por la violencia que se desató desde el 2006, 25 estados incumplen con la atención a víctimas y solo seis entidades, entre ellas Colima, han armonizado las leyes estatales con la ley federal.
El próximo mes de mayo vence el plazo legal para que todas las entidades federativas del país instalen sus comisiones estatales de atención a víctimas y armonicen sus legislaciones internas con la ley general en la materia.
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), señalaron el viernes pasado que muchos gobiernos estatales ni siquiera cuentan con una ley en este ámbito o incluso han propuesto legislaciones contrarias al espíritu de la ley general.
Ante esta situación pidieron a todos los gobierno a instalar “cuanto antes” comisiones estatales de atención a víctimas, ya que el 3 de mayo es el plazo límite para establecer diversos organismos dependientes de éstas como el registro local de víctimas, el fondo de ayuda y reparación y la asesoría jurídica.
Solo seis estados han avanzado en la adecuación de sus leyes para armonizarlas con la Ley General de Víctimas: Aguascalientes, Colima, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo, sin embargo en el caso de Colima tampoco se ha creado la comisión de atención a víctimas, y no existe un registro local, o el fondo de ayuda o reparación del daño.
Ley sin aplicar
El pasado mes de febrero los integrantes de la LVII Legislatura local aprobaron por unanimidad el dictamen con el que se creó la Ley para la Protección de Víctimas del estado, a fin de que la legislación local esté armonizada con la federal.
A pesar de que dicha ley ya entró en vigor no se han puesto en práctica los protocolos que establece para atender a aquellas personas que han sido víctimas de la violencia que existe en la entidad.
El dictamen que fue aprobado, “garantiza el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia a favor de las víctimas”.
De igual forma exige a todas las autoridades, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a que cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral del daño.
La nueva ley destaca la creación del Centro Estatal de Atención y Protección a Víctimas, como institución auxiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que tendrá como objetivos fortalecer y promover acciones de apoyo, asesoría y consulta a favor de las víctimas y ofendidos, en coordinación con otras instituciones.
Pero este aún no funciona en la entidad. De acuerdo al dictamen aprobado en febrero, la nueva legislación establece la obligatoriedad de las autoridades de solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas y testigos.
Asimismo, que cuando un juez advierta una violación a derechos humanos de la víctima, se notifique inmediatamente, no sólo al Ministerio Público, sino a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para que proceda conforme a sus atribuciones.
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