El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, aprobó el proyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana, con la que se pretende reprimir y sancionar con multas de hasta 30 mil euros (más de medio millón de pesos) a ciudadanos que protesten contra recortes, luchen contra los desahucios de gente desamparada por el Estado y escalen edificios al estilo Greenpeace.
La norma, que se aplicará a partir del verano de 2014, generó el rechazo de movimientos sociales y partidos de oposición, los cuales la bautizaron como la ley mordaza, la ley anti15M y la ley de la caza de brujas.
Durante los dos primeros años del gobierno de Rajoy se han aprobado numerosas reformas que han supuesto importantes recortes a servicios públicos, educación y sanidad, al tiempo que han proliferado algunos de los casos más graves de corrupción político-empresarial en la historia reciente, en los que están involucrados algunos de los principales dirigentes del Partido Popular (PP) de las últimas dos décadas, incluido Rajoy.