Colima, México (23 de enero de 2014).- ¿Te imaginas saber el día, hora y lugar en que te asesinarán? 32 estados de los Estados Unidos de Norteamérica –entre otros países, como Malasia–, han facultado dentro de sus leyes decidir la muerte de una persona por haber cometido desde su perspectiva un delito que lo amerita. Un juez puede dictaminar cuándo, a qué hora y en dónde deberá ser ejecutado el supuesto delincuente.
Esto se hace violando tratados internacionales, lamenta el miembro de la asociación civil Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos (Proceder), Manuel Alexander Barreto Mendoza, quien mantiene que con estas condenas de muerte se viola el derecho a la vida, “y desde luego es un homicidio que comete el Estado (en este caso Estados Unidos)”.
Además, añade, el Estado no da derecho al acusado, en este caso victimario, de rehabilitarse, negando derechos fundamentales. También la pena de muerte en muchas ocasiones genera discriminación e injusticia, pues en muchos casos no tienen un juicio conforme a derecho, “entonces seguimos aplicando el riesgo de ejecutar a una persona inocente no desaparecerá nunca”.
El maestro en Derechos Humanos pondera que aunque las personas hayan cometido algún delito el Estado no tiene por qué quitarles la vida, “una ejecución constituye una forma extrema de agresión física y mental”.
La pena de muerte viola tratados internacionales, el más significativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3ro., que señala que toda persona tiene derecho a la vida.
Explica que el artículo 5to. menciona que ninguna persona debe ser sometida a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la Pena de muerte constituye todas éstas.
— ¿Y por qué los países lo siguen haciendo?
–Porque cada país es independiente y con su soberanía –responde Alexander Barreto–; es decir, ponen sus propias leyes, y quien viole las leyes en ese país se le castiga conforme al derecho de ese Estado.
EN ESPERA DE SER EJECUTADOS
Por otro lado, el activista defensor de los derechos humanos refiere que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en todo caso a la delegación, acá en Colima, velar po
r los intereses de los condicionales; es decir, por los colimenses que vivan en el extranjero.
Ayer, Santos García Santiago, coordinador general de Atención a Migrantes Colimenses, reveló que al gobierno estatal no se había acercado nadie para ser apoyado por que algún colimense estuviera enfrentando una cadena de pena de muerte, “nosotros cuidamos mucho de no involucrarnos en ese tipo de noticias porque son cuestiones diplomáticas, muy sensibles, y que en última instancia corresponden más bien al ámbito, competencia y facultad de la delegación de la SRE”, abundó.
Barreto Mendoza dice que espera que exista relación entre la delegación de la SRE y la oficina de atención al migrante, “pero desconozco si deba existir una obligación legal por parte de la oficina de atención al migrante (…) La obligación aquí es del cónsul, en este caso recae todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de ellos sí es un obligación resguardar por los derechos de las y los mexicanos”.
Ante este panorama, recuerda que el calvario que viven tanto el condenado, como su familia, es tormentoso y largo. “Sufren día con día por la espera de su ejecución, por ello yo mencionaba que es un trato degradante. Al prolongar el dolor de la familia de la víctima de asesinato”.
“Es un asesinato premeditado, te imaginas saber el día, hora y lugar que asesinarán a tu ser querido y tú sin poder hacer nada, debe sentirse una impotencia enorme. La pena de muerte nunca será sinónimo de justicia, sino de barbarie, ya que fomenta una cultura de la violencia, y no una solución a ella”, concluye.
Édgar Tamayo fue ejecutado este miércoles en Texas, Estados Unidos, país donde más de 3 mil prisioneros esperan la ejecución. Desde 1976, año en que la Suprema Corte de Estados Unidos reimplantó la pena de muerte, se ha ejecutado a 1,362 personas (hasta enero de 2014). Japón es la única democracia industrializada además de Estados Unidos en la que se contempla la pena capital.