Colima, México (30 de enero de 2014).- En un nuevo intento por ganar tiempo para seguir forzando “comprar conciencias” de quienes rechazan la mina de oro en el territorio de la comunidad de Zacualpan y en medio de un silencio oficial del Gobierno del estado —que niega conocer al titular de concesiones mineras en el área—, este domingo 2 de febrero se realizará a las 9 de la mañana la Asamblea General de Bienes Comunales, en la que debe acordarse “No a la mina” y renovar al cuerpo directivo comunal.
Así lo dio a conocer esta mañana Dilva Peña Velázquez, habitante de la localidad, quien recordó que estuvieron esperando más de un mes a que se convocara a la asamblea luego de que el actual presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán, “de manera arbitraria y sin ninguna consulta o motivo justificativo, suspendiera su realización el pasado 1 de diciembre”.
Acompañada por una decena de comuneros de Zacualpan y de los representantes de la agrupación ambientalista Bios Iguana, leyó un comunicado en donde acusó la complicidad y simpatía de la delegada de la procuraduría agraria María Elena Díaz Rivera para facilitar la minería, a través de buscar “ridículas excusas”.
Esta asamblea se realizará en un ambiente social y político en el que el Congreso del estado unánimemente aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del estado que no se permita la minería en Zacualpan; el posicionamiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula, es de no justificar la minería en la región; y la recomendación del director de Ciapacov de los riesgos de contaminación del mayor manantial que surte agua a 300 mil usuarios residenciales de los municipios conurbados de Colima y Villa de Álvarez.
Peña Velázquez comentó que “de manera tramposa el presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán, ha omitido el punto de la mina en el orden del día, que fue el que le dio origen al conflicto en la comunidad cuando la comunidad lo rechazó, dividiendo y generando un ambiente de violencia en el mes diciembre, en el que él particularmente ha sido su promotor y ha tratado de pagar con 15 mil pesos a quien firme aceptando o en caso contrario intimidando y amenazando”.
Al hacer uso de la voz, Esperanza Salazar Zenil, representante de Bios Iguana, confirmó que a lo largo del mes han continuado las amenazas, acosos y hostigamiento hacia los pobladores para que accedan a la extracción de la mina en Comala.
Reunidos en la CDHEC los habitares en contra de la mina exhortaron a los gobiernos a respetar su decisión, a respetar los derechos humanos, a respetar su organización, su territorio y “respetar el espacio sagrado de Cerro Grande y el gran manantial que es fuente de vida para animales, plantas y personas”.
Por su parte, Olivia Teodoro manifestó estar contenta porque “por fin don Carlos (Guzmán) mandó hacer la convocatoria; pero también molesta porque no puso los puntos que los comuneros queríamos, que no a la mina y sí a la destitución de él, pero don Carlos no la puso.
Finalmente, Juan Manuel Muñoz Alcaraz, comunero afectado, lamentó el actuar de Carlos Guzmán al querer comprar con 15 mil pesos a los ciudadanos y destruir un cerro y acabar con la vida de los seres humanos del poblado, “espero el domingo con ansias, yo suplico que sea destituido porque todos los desastres que han venido sucediendo es a costa de sus malos servicios al pueblo”.