Esta misma semana se informó que también campesinos de Tecomán y Armería beneficiarios del programa de Empleo Temporal Inmediato (PET) –independiente al programa de Empleo Temporal– habían sido presuntamente defraudados por dos trabajadores del Gobierno del estado.

 

Colima, México (31 de enero de 2014) Más de mil 500 personas fueron afectadas por el presunto fraude que se cometió en contra de los campesinos beneficiarios del Programa de Empleo Temporal que maneja la delegación de  Sedesol en el estado de Colima.

 

Esta misma semana se informó que también campesinos de Tecomán y Armería beneficiarios del programa de Empleo Temporal Inmediato (PET) –independiente al programa de Empleo Temporal- habían sido presuntamente defraudados por dos trabajadores del Gobierno del estado.

 

En los dos programas, los beneficiarios recibirían alrededor de 2 mil 500 pesos en tarjetas de débito, sin embargo nunca fue así.

 

Este viernes, el señor Ramón Arévalos, beneficiario del programa de Empleo Temporal,  informó que una de las gestoras de Sedesol le dijo que se deshiciera de la tarjeta porque ya no funcionará y explicó que desde octubre está esperando el apoyo económico.

 

Es decir, que el recurso correspondiente al programa de Empleo Temporal que maneja la Sedesol, y que  nunca llegó a las cuentas de los campesinos es de 3 millones 840 mil pesos.

 

El diputado del PVEM, Mariano Trillo Quiroz, quien encabezó la rueda de prensa, pidió al gobernador Mario Anguiano Moreno esclarecer este hecho, “porque alguien tomó el dinero, eso está claro”.

 

Indicó que en una entrevista reciente el delegado de Sedesol, Carlos Cruz Mendoza, señaló que la dependencia a su cargo había depositado de manera correcta los recursos de este programa federal al gobierno del estado.

 

Más adelante, Trillo refirió que la propia Sedesol informó que fueron 5 mil 863 tarjetas que se repartieron a los beneficiarios del programa empleo temporal, pero en mil 500 de ellas nunca se depositó el recurso.

 

“Ahorita le están diciendo a las gentes que no habrá dinero y que tiren las tarjetas. Entonces  hay irregularidades que se deben de aclarar y es ahí donde solicitamos la intervención de la autoridad, para aclarar este asunto”.

 

El diputado Mariano Trillo Quiroz afirmó que la Procuraduría de Justicia del estado debe llevar a cabo la investigación para aclarar quiénes son los responsables de este presunto fraude cometido en contra de los campesinos de Armería y Tecomán.

 

“Hay irregularidades en las tarjetas y eso es un hecho. La gente ha salido a decir lo que les está pasando y esperamos que pronto haya una respuesta, porque ellos lo único que quieren es que se les pague su dinero”, dijo.

 

Luego, solicitó al gobernador Mario Anguiano Moreno a instruir que módulos de la PGJE se instalen en Tecomán y Armería para que los campesinos puedan interponer la denuncia penal correspondiente.

 

“Hay personas afectadas de las comunidades de Cerro de Ortega, Cofradía de Morelos, Tecolapa, Caleras, además de varias colonias. Los campesinos no pueden trasladarse a Colima a presentar su denuncia porque no tienen dinero”.

 

A esta denuncia se suma la que se hizo esta misma semana cuando se informó que dos empleados de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado junto con un miembro del Comisariado Ejidal, extraían el recurso de tarjetas bancarias que nunca fueron entregadas a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI).

 

Este fraude fue detectado en la comunidad Cofradía de Juárez, municipio de Armería, donde citricultores afectados por la plaga conocida como Dragón Amarillo, debían recibir 2 mil 562 pesos cada uno.

 

De acuerdo con José Chávez, comisario Ejidal de Cofradía de Juárez, en esta localidad los beneficiarios del PETI denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Social nunca entregó las tarjetas bancarias, por lo que procedieron legalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

 El gobierno del Estado reconoció esta situación y dijo que los dos empleados habían sido despedidos de la administración estatal, en tanto la PGJE se estaba encargando de investigar el asunto.

 

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