Gregorio Jiménez de la Cruz fue un periodista de Veracruz con una vida sencilla y humilde, como la mayoría de los integrantes del gremio periodístico mexicano.
Comprometido con su trabajo, informaba sobre actos de violencia como los secuestros y levantones de personas, así como otras problemáticas cotidianas que afectan a los habitantes de la región de Coatzacoalcos.
Ante la insuficiencia de los ingresos derivados de la actividad periodística, complementaba los recursos para la manutención de su familia con su otro oficio de fotógrafo de sociales los fines de semana. Así, con su esfuerzo y el de su esposa que lo acompañaba y auxiliaba en sus labores, poco a poco iba construyendo su vivienda en una de las zonas más pobres de Coatzacoalcos.
Pero todo acabó el pasado cinco de febrero, cuando después de llevar a su hija a la escuela fue interceptado por un comando que se lo llevó secuestrado.
Su caso de inmediato generó un gran impacto a través de las redes sociales en el estado de Veracruz y se extendió a escala nacional e internacional, con una campaña a favor de su aparición con vida que duró varios días, hasta que la tarde de este martes 11 las autoridades veracruzanas dieron a conocer el hallazgo de su cuerpo en una fosa.
En las horas previas a la infausta noticia circuló una serie de rumores en el sentido de que Gregorio había sido rescatado con vida de una casa de seguridad, en una dinámica en la que participaron no sólo medios de Veracruz sino también personajes como el presentador de noticias Joaquín López Dóriga.
Desafortunadamente no era verdad.
Sin embargo, lo que llamó la atención fue la prisa del gobierno de Javier Duarte por cerrar el caso con el argumento de que el homicidio de Gregorio Jiménez fue resultado de una “venganza personal”, y que ya se encontraban detenidos los autores materiales y la supuesta autora intelectual: una vecina del periodista.
Con esta actitud, el gobernador Duarte sólo mostró una vez más la insensibilidad que lo ha caracterizado a lo largo de su periodo, y acrecentó su tristemente célebre imagen como mandatario de una de las regiones del mundo más peligrosas para ejercer el periodismo, con diez informadores asesinados desde 2011, incluido el caso de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.
No es la primera vez que el gobierno de Javier Duarte se empeña en atribuir a motivos personales los crímenes de periodistas. No es la primera vez que desdeña las líneas de investigación relacionadas con la actividad periodística de la víctima. Así lo hace ahora y así lo hizo en casos como el de Regina y muchos más. En otros atribuyó los ataques al crimen organizado.
¿Por qué los gobiernos tratan siempre de explicar las agresiones contra periodistas como resultado de un encono personal? ¿Por qué se niegan a investigar las líneas relacionadas con la actividad periodística de la víctima? Simplemente porque ellos serían los primeros sospechosos. Parecen no darse cuenta de que las prisas por cerrar los casos con explicaciones inverosímiles y trilladas evidencian precisamente el nerviosismo de los gobernantes y ellos solos “se hacen del delito”.
En un país democrático —por desgracia México todavía no lo es— el asesinato de un periodista debe ser investigado en primera instancia bajo la hipótesis de que fue consecuencia de su trabajo profesional y sólo cuando esto se haya agotado seguir las demás líneas de investigación. Pero en México ocurre al revés, es evidente que los gobernadores tratan a toda costa de vender la versión del crimen pasional o la venganza personal.
Por ello, a pesar de que el gobierno de Veracruz afirme y utilice a su ejército de trolles para tratar de convencer de que el móvil del crimen del periodista fue personal, se mantiene vigente la pregunta: ¿Quién mató a Gregorio Jiménez? Y es que, como dijera don Julio Scherer García, “no le creemos” a Javier Duarte ni a ningún gobernador de su calaña.
Resultó patético darse cuenta de que mientras se encontraba desaparecido Gregorio, el gobernador de Veracruz tuvo el descaro de ofrecer a la esposa de aquel una casa, pero la mujer con toda dignidad le respondió que prefería de regreso con vida al periodista.
Por la naturaleza del derecho a la libertad de expresión, las autoridades son responsables de garantizarla en diversos sentidos. Uno de ellos es absteniéndose de reprimir directamente esta garantía, pero el otro es generando condiciones de seguridad para que pueda ser ejercida por periodistas y ciudadanos.
En el caso de los periodistas asesinados, los gobernantes podrán culpar a quien quieran, pero de ninguna manera pueden eludir su responsabilidad en los hechos, sea por acción u omisión.
Y por el número de periodistas asesinados en tan corto tiempo en el territorio de Veracruz, de seguro el gobernador Javier Duarte ya debe estar colocado por organismos internacionales entre los principales depredadores de la libertad de expresión en el mundo.