Colima, México (18 de marzo de 2014) A dos años del descubrimiento de una presunta red de adopciones ilegales en los estados de Colima y Jalisco, ninguna de las dos entidades, además de la PGR, han informado sobre los avances en las investigaciones.
La investigación sobre la presunta red inició cuando policías de Zapopan detuvieron a Laura Fabiola Carranza el pasado 9 de enero de 2012. A ella le encontraron bajo su poder contratos para “rentar” niños para una campaña publicitaria en contra del aborto.
Sin embargo, el interrogatorio derivó en una serie de adopciones que se realizaban a través del despacho López López Asociados, en el cual se contactaba a parejas de origen irlandés para entregarles a menores de edad y los supuestos procesos de adopción se concretarían en Colima.
Derivado de esta situación, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de la presunta red de tráfico de menores que operaba en Jalisco y Colima que habría concretado unas 300 adopciones irregulares en los últimos cinco años en la entidad colimense.
Sin embargo, no se ha informado de los avances de la investigación, o quiénes serían las personas involucradas que permitían este tipo de procedimiento.
El 26 de enero de 2012 el presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (Find), Juan Manuel Estrada Juárez, presentó ante el ombudsman colimense una queja contra la entonces procuradora Yolanda Verduzco, y otras autoridades por no investigar una denuncia por presunto tráfico internacional de menores.
De acuerdo con la organización que encabeza Estrada Juárez, con sede en Guadalajara, Jalisco, hay al menos 30 personas implicadas en el traslado de niños jaliscienses a Irlanda, entre ellos funcionarios públicos, abogados y ciudadanos de ese país.
El 16 de diciembre de 2012 Juan Manuel Estrada Juárez declaró a la periodista San Juana Martínez y al periódico La Jornada, que “se trata de una red nacional de tráfico de niños. La mayoría de las adopciones de esos menores no corresponde a gente de Jalisco o Colima. Son adoptados por personas de Nayarit, estado de México, Chihuahua, Tijuana… y por extranjeros de distintos países, que vienen a Colima a hacer el trámite. En este momento, Colima es el paraíso de las adopciones ilegales por la laxitud de sus leyes”.
El año pasado el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Rafael García Rincón dijo que no tiene información sobre la investigación que están llevando a cabo autoridades de Colima y Jalisco por la presunta red de tráfico de menores que fue descubierta en el 2012.
Además confirmó que a raíz de esa información se emitió un exhorto a los jueces colimenses para que extremen precauciones cuando tengan que autorizar trámites de adopciones.
El Código Civil del Estado de Colima menciona en sus artículos 390 y 391 que se dará preferencia en las adopciones a los colimenses, después a los mexicanos y en tercer punto a los extranjeros.
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