Colima, México. Avanzada (19 de marzo de 2014) Ni los senadores, ni los gobiernos de los estados cumplieron el compromiso de conocer la realidad de los desaparecidos en el país a través de las cifras oficiales que proporcionaría cada entidad.
El año pasado el Senado solicitó a los gobierno de los estados, entre ellos el de Colima, entregar un informe donde describieran los casos de desaparecidos y además pidió el estado jurídico que guardan dichos casos.
Con oficio DGPL-2P1A-2933-8, fechado el 2 de abril de 2013 el Congreso de Colima recibió a través de síntesis de comunicaciones la determinación del Senado, ese mismo documento fue enviado al gobernador Mario Anguiano Moreno.
En el escrito, el Senado señaló que los Congreso de los Estados, en uso de sus facultades constitucionales, tendrán que legislar y tipificar el delito de desaparición forzada como delito autónomo, de conformidad con las directrices contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A casi un año de que se emitió ese exhorto nada se ha hecho; es decir, ni los senadores informaron ni recibieron la información por parte de los estados y tampoco los gobierno de cada entidad manifestaron si habían cumplido con la solicitud de los legisladores federales.
La víspera, Avanzada informó que la Procuraduría de Sinaloa tiene registradas con nombres y apellido a más de 80 colimenses que han desaparecido. La liga para consultar dicha información es la siguiente:
http://pgjesin.gob.mx:8090/desaparecidos/Lista_Desaparecidos.asp
Paradójicamente, la Procuraduría del gobierno de Colima, -que ha sido reconocido por su política de gobierno electrónico-, no tiene actualizado el sitio donde anteriormente se podría consultar la lista oficial de desaparecidos.