**La “supuesta voluntad” de los delegados federales no será suficiente, adelanta el especialista en leyes penales Mario García Solórzano, al decirse extrañado en porqué los funcionarios mejor no se muestran en contra de minas como la de Peña Colorada, la cual realmente está contaminando, dice.
Colima, México (26 de marzo de 2014).- El posicionamiento político que usaron los delegados federales en rechazo a la mina de Zacualpan no será suficiente para detener su instalación. Los empresarios podrán acudir a la justicia federal y presentar amparos para que ésta falle a favor del proyecto siempre y cuando no se afecte al manantial ni a la comunidad, como lo aseguró en días pasados el concesionario Rigoberto Velasco Rodríguez.
Así lo adelanta el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado, Mario García Solórzano, quien advierte que la supuesta voluntad de los funcionarios no será suficiente para detener la construcción, ya que nada puede estar por encima de la Constitución.
La empresa Gabfer, S.A. de C.V. -interesada en extraer mineral de la comunidad indígena de Comala-, podría “demandar la protección en contra de la decisión de esas personas y un juez de distrito va a dar una suspensión provisional, probablemente una suspensión definitiva y posiblemente resuelva el fondo del asunto”.
“Pero lo que digan los delegados federales no es la última palabra, porque entonces se estarían coartando los derechos constitucionales que todos los ciudadanos tenemos, como el derecho a la inversión, a la concesión que ellos tienen, que ya se las dieron”.
El abogado argumenta que la instalación de la mina bajo este contexto es un derecho constitucional que está consagrado en varios artículos, entre ellos en el 14 y 16 que dice que nadie podrá ser molestado en sus bienes, papeles, ni propiedades, “y ellos tienen una concesión, por lo que se tiene que analizar esa situación, no basta con la voluntad de delegados federales para que salga una nota de que ya dijeron que no y los empresarios se van a quedar callados”.
DOCUMENTO INVÁLIDO
Aunado a lo anterior, el documento que firmaron no es válido porque no está avalado por la autoridad correspondiente, sostiene García Solórzano: “El Poder Judicial de la federación puede darle la razón a los empresarios, aunque los comuneros no quieran, como se ha dicho. Puede fallarse -a favor de la mina- porque al momento de entrar en una controversia jurídica se tienen que aportar las pruebas. Yo no he visto ni una sola que hayan aportado los comuneros, sólo han dicho, pero no han mostrado pruebas, no sólo por la voluntad de decir que no quieren”.
Expone que la declaración del delegado de la Semarnat, Ernesto Pasarín Tapia, no tiene sentido al poner como requisito que si los comuneros no quieren la instalación de la mina se impedirá, porque es como que todos los ciudadanos que quieran invertir en Zacualpan van a estar supeditados a la voluntad caprichosa de los comuneros, explica: “La justicia federal está por encima de todo, nadie debe de estar por encima de la Constitución y el Poder Judicial de la Federación es el que tiene que hacer valer esos derechos”.
Aunque subraya que el resultado que pudiera dar el juez de distrito -en caso de que entren los amparos-, dependerá de los argumentos y la controversia que se presente, si los empresarios demuestran que no va a haber daños, puede proceder a su favor y avanzar la instalación de la mina en Zacualpan.
INCONGRUENCIA DE DELEGADOS
Es muy respetable la decisión que anunciaron algunos delegados federales, comenta el presidente del Colegio de Abogados Penalistas al considerar que esta actitud fue una especie como para dar un mensaje a la sociedad en general y en particular a la de Zacualpan, “pero realmente esa carta que firman no tiene ningún sustento jurídico, se me hace extraño y grave a la vez que las autoridades en Colima hagan ese tipo de manifiestos para dar la nota”.
Señala que los que han tomado el manantial como bandera, tanto el gobierno del estado, como los delegados federales, los comuneros, los integrantes de Bios Iguana y otros grupos han utilizado este recurso vital para todos, dice. “Yo creo que definitivamente es una bandera que están agarrando para cada quien llevar agua a su molino, pero no se puede coartar el crecimiento económico en el país”.
¿Por qué las autoridades no se oponen a la mina de Peña Colorada que realmente está causando daño?, cuestiona Mario García Solórzano al manifestar que ahí sí tienen varias lagunas de oxidación donde mandan sus desechos, “aunque digan que se está lavando y mandando residuos descontaminados, esa es una mentira, de todas maneras se van al subsuelo. ¿Por qué nadie dice nada de Peña Colorada y otros cerros que se están abriendo y afectando, como el que afecta el agua de los Amiales?”.
“Una cosa es que digan ellos que no y otra cosa es que los derechos constitucionales de los empresarios que están participando en la apertura de esa mina y que tienen la concesión se violen. Ellos van a acudir a la justicia federal en demanda de protección, y van a proceder sus amparos. Ellos pueden porque están haciendo una inversión, desde el momento en que tiene una concesión tienen el derecho de hacer la inversión”, concluye Mario García Solórzano.
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