**La diputada federal Loretta Ortíz presentó un Punto de Acuerdo en el que solicita respeto a los derechos de la comunidad indígena de Comala **”Existe el riesgo latente de que se desate la violencia debido a que los empresarios mineros han comenzado a realizar amenazas de muerte contra los manifestantes. También las autoridades que se encuentran a favor de la apertura de la mina han agredido y amenazado a esta comunidad indígena”, advierte la legisladora.
Colima, México (31 de marzo de 2014). Un desacuerdo local por la posible instalación de una mina en la comunidad indígena de Zacualpan, Comala, ha llegado hasta el Poder Legislativo. El problema se ha identificado a tal grado que los diputados federales han sido enterados de la “tensión” que existe en el Estado de Colima por las acciones que han emprendido las autoridades locales contra los manifestantes.
Loretta Ortíz Ahlf, integrante de la LXII Legislatura, presentó en días pasados un Punto de Acuerdo en el que solicita respeto a los derechos de la comunidad indígena de Comala. La diputada federal cita en el documento que en octubre del año pasado la comunidad de esta zona de Colima comenzó a organizarse para defender sus tierras ancestrales y les solicitó asesoría a la organización ambiental Bios Iguana A.C., ante la amenaza de instalar una mina a cielo abierto de oro, plata, cobre y manganeso.
“Los comuneros han señalada que en las 4 ocasiones que se realizó asamblea de comuneros y se trató el punto, siempre se rechazó el proyecto”, refiere al enmarcar que esta decisión tiene especial relevancia debido a los instrumentos internacionales -como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas de 2007-, que señalan que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a ser consultados antes de que e implementen proyectos que les afectes.
Denuncia que las autoridades pretendieron ignorar y callar las voces de los pobladores de Zacualpan, quienes desde hace más de cuatro meses -en noviembre de 2013-, les hicieron llegar carta al gobernador Mario Anguiano Moreno, al alcalde de Comala, Braulio Arreguín; al comisario de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán Teodoro; y a la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera; cartas donde les explicaban las afectaciones que traería la mina, pero fueron desdeñados.
RIESGO DE VIOLENCIA
Ante esta actitud pasiva de las autoridades se presentaron quejas en las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, “sin embargo lo que inició como un simple desacuerdo ha aumentado la tensión y existe el riesgo latente de que se desate la violencia debido a que los empresarios mineros han comenzado a realizar amenazas de muerte contra los manifestantes. También las autoridades que se encuentran a favor de la apertura de la mina han agredido y amenazado a esta comunidad indígena”, advierte Loretta Ortíz.
Enseguida enuncia una serie de acontecimientos en donde las autoridades han buscado “criminalizar la protesta” y exponer a quienes se oponen a la mina a ser considerados como grupos armandos, “cuando en ningún momento han empleado la violencia”, asegura la legisladora federal.
La represión se ha comenzado a expresara ya, añade en el documento, “durante la protesta realizada el 13 de marzo en el manantial de la zona, donde acudieron 150 efectivos entre policías judiciales vestidos de civil, apoyados por una banqueta para disolver la manifestación pacífica de los indígenas de la región. En dicho operativo resultados lesionados varios manifestantes, entre los que se encontraban mujeres y niños”.
Finalmente, el Punto de Acuerdo, fechado el pasado 26 de marzo y firmado por Ortíz Ahlf; expone tres solicitudes: En el primero la Cámara de Diputados se manifiesta porque se respete la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan. El segundo solicita al alcalde de Comala, Braulio Arreguín; y al gobernador Mario Anguiano explicar la “represión del 13 de marzo” y el tercer punto exige la remoción de la delegada María Elena Díaz de la Procuraduría Agraria.
