**A pesar de que el gobernador Mario Anguiano Moreno negó que haya funcionarios corruptos en su administración, a lo largo de cuatro años se han documentado casos sospechosos de desvío de recursos públicos.
Colima, México. Avanzada (9 de abril de 2014).- Diversos cuestionamientos han surgido en el manejo de recursos de la administración estatal que encabeza Mario Anguiano Moreno
, donde los funcionarios de primer nivel -principalmente- se ven constantemente beneficiados con negocios o recursos a pesar de que al menos uno de cada tres colimenses se encuentra en situación de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Salud, Fomento Económico, Desarrollo Urbano, Educación y hasta Ciapacov son tan sólo algunas de las áreas del actual gobierno priista que han sido señaladas por manejos inadecuados tanto en las finanzas como en los programas y obra pública. Agustín Lara Esqueda, Rafael Gutiérrez Villalobos, Fernando Morán Sánchez, Guillermo Rangel Lozano y Óscar Valencia Montes, son algunos de los funcionarios cuestionados.
Pese a los señalamientos, entre otros, de sectores de la sociedad y dirigentes estatales del PAN, PRD y Morena, Raymundo González Saldaña -en su momento-, Juan Óscar Vázquez Chávez y Vladimir Parra Barragán, respectivamente, quienes manifiestan que se ha venido dando malversación de fondos, sobresaturación y muchas acciones en beneficio de los mismos funcionarios; el representante del Ejecutivo, Mario Anguiano, asegura que no hay funcionarios corruptos.
Además, el mandatario ayer firmó el acuerdo de coordinación para el “Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, con el que pretende que se dé el manejo transparente de recursos públicos y “no permitir que se dé el desvío de recursos”, dijo.
NEGOCIOS FAMILIARES
Sin embargo, a lo largo de casi años de administración estatal han existido casos con aires de corrupción, uno de ellos se dio -sin resultados hasta ahora-, en la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS). Desde que asumió la titularidad Agustín Lara Esqueda, en esta dependencia del gobierno estatal hay sospechas de corrupción en compra de calcas y carencia de medicamento.
No habían pasado ni dos meses desde que asumió el cargo (el martes 11 de mayo de 2010), cuando Agustín Lara fue señalado por beneficiar a su hermano Alejandro con una compra millonaria de calcas publicitarias, por lo que PRD, PAN y PVEM exigieron que se investigara el gasto de 7 millones 500 mil pesos en la adquisición de calcomanías para la Secretaría de Salud.
A casi de cuatro años de distancia, no hay resultados de la investigación.
Por otro lado, a través del Portal de Transparencia del Ejecutivo se pudo comprobar que la Comercializadora Guro 3H S.A. de C.V., negocio que pertenece al titular de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, fue beneficiado con más de 4.8 millones de pesos del erario público.
De acuerdo con un reporte oficial denominado Avance de Compras que se exhibe por internet, en 2012 el gobierno estatal adjudicó cuatro contratos por la suma de 4 millones 806 mil 807 pesos a la empresa del funcionario estatal, con la que se obtuvieron artículos y material de limpieza.
El responsable de traer inversión al estado también cuenta con un lujoso restaurante en el centro de la ciudad capital y es dueño de la empresa Roca S.A. de C.V., la cual ofrece servicios de seguridad privada, que también son contratados por la administración pública.
OBRAS CON BENEFICIOS CUESTIONABLES
A principios de septiembre del año pasado la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Colima publicó un manifiesto dirigido al gobernador Mario Anguiano Moreno para reprocharle el sistema que lleva a cabo la Ciapacov en las licitaciones para obras públicas.
Óscar Nicolás del Toro Gómez, dirigente de los agremiados, aseguró que los socios de dicha cámara observan que se otorgan las licitaciones tres veces por encima del costo mínimo presupuestado, lo cual contradice las políticas de austeridad que el gobierno de Colima dice implementó.
La Ciapacov hace obras con presupuestos ‘inflados’, otorgando fallos de licitaciones “otorgadas sospechosa y reiteradamente a propuestas con valores de hasta tres veces superiores del presupuesto más bajo”. Todo ello obligó al mandatario estatal a reunirse con los constructores, ante quienes les afirmó que se volvería a realizar el proceso para transparentar las obras.
Mientras, el caso del tercer anillo periférico al norte de la zona conturbada Colima-Villa de Álvarez evidencia el mal trabajo del gobierno estatal, anota Vázquez Chávez, “una irresponsabilidad terrible de que es una obra recientemente hecha y más tardan en dar por terminado cierta parte de la obra cuando tienen que estar arreglándola. En el paso del puente deprimido se han invertido millones de pesos y ya se vio su mala calidad, no veamos qué va a pasar cuando se venga un huracán”.
El dirigente perredista solicita que se transparenten los mil 200 millones de pesos invertidos tras el paso del huracán Jova hace más de dos años, ya que aún no ha quedado claro el destino de ese dinero ni tampoco es palpable, sostiene.
LA CAJA CHICA DE GOBIERNO
Por más que los representantes de la Educación en Colima han buscado “tapar” el posible desvío de recursos de Educación a personas “amigas” de funcionarios, las declaraciones del secretario de Educación en el país, Emilio Chuayffet Chemor; así como los datos que arrojó el Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas de Educación Básica y Especial (Cemabe) que realizó el Inegi; desvelan una lista de posibles aviadores en la Secretaría de Educación.
Ante ello, millones de pesos que deberían aplicarse para la educación en Colima se estarían yendo para otros objetivos. Datos preliminares del censo arrojaron que hay en el país por lo menos 39 mil 222 maestros que no se sabe dónde están, o desempeñan funciones distintas pero cobran su sueldo.
De acuerdo al Índice de Personal correspondiente a Colima, en el nivel básico de educación existen 19 mil 102 trabajadores pero casi el 6 por ciento (1,087) de ellos no son conocidos en sus centros de trabajo. Esto sitúa a Colima en la entidad número 12 con mayor número de “maestros fantasma”. Así lo revela el mismo Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (http://cemabe.inegi.org.mx/Reporte.aspx)
En entrevista anterior con este reportero, el ex dirigente de la sección 39 del SNTE, Nicolás Contreras Cortés, denunció que la Secretaría de Educación funciona como ‘caja chica’ para los gobiernos, ya que de esta dependencia de gobierno se desvían recursos para otros objetivos ajenos a lo académico. Otras voces más han acusado el manejo de recursos públicos del gobierno estatal hacia las campañas.
MÁS CASOS SOSPECHOSOS
En mayo del año pasado el presidente del Consejo Político Estatal del PRD, Francisco Rodríguez García, publicó que en las dependencias de Finanzas, Salud, Instituto de Vivienda y Comunicación Social se encuentran las grandes fugas.
“El modus operandi ha sido la sobrefacturación, a través de la cual se han hecho los grandes negocios. Todo lo que compra el gobierno les cuesta a los colimenses tres o cuatro veces más del precio normal; todo es regresado en efectivo a los operadores de dichas compras”. Entre otros hechos irregulares, reveló que “los terrenos para reserva territorial se cotizan altos y se asocian entre funcionarios para adquirirlos”.
Por otro lado, también el Sindicato Único del Transporte Urbano denunció una serie de irregularidades que se estaban cometiendo por parte de la Dirección de Transporte de Gobierno, entregando las concesiones a empresarios ligados al poder, quienes acumulan hasta más de 20 permisos, dijeron.
Este es un dato más a las denuncias que hemos estado haciendo de que existe corrupción, tráfico de influencias entre los funcionarios del gobierno de Mario Anguiano y él ha solapado e incentivado este tipo de hechos, alertó Oscar Vázquez, “y creo que no solamente es lo que se dice sobre este acontecimiento, en el fondo hay más corrupción, hay un hedor a corrupción en este gobierno que lastima a los colimenses”.
Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de 2007 a 2010 en Colima hubo retroceso de siete puntos, pasando de ser una de las entidades más bajas -con 3.1- a igualarse al índice nacional de 10.4 en el último año evaluado.
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