**Tras citar el Código Penal, el abogado Mario García confirma que las gasolineras roban a los colimenses mientras sus dueños se hacen millonarios sin que nadie les haga nada **Denuncia que a veces la Profeco también cae en el delito de encubrimiento **Exhorta al gobernador Mario Anguiano y alcaldes del estado, así como al procurador de Defensa del Consumidor, a tomar cartas en el asunto.
Colima, México (25 de septiembre de 2013). “Definitivamente esto que está sucediendo con las gasolineras en el estado es un fraude, un robo abierto a la ciudadanía en general, d
e ahí que cualquier persona pueda presentar denuncias penales en contra de estos negocios”, confirma el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima, Mario García Solórzano, al citar la ley:
Desde el punto de vista de la legislación penal es un fraude, insiste, porque el Código Penal para el Estado de Colima, en su artículo 232, menciona que: “Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido se le impondrá prisión de seis a ocho años y multa hasta por 85 unidades”.
Sin embargo estos casos quedan la mayoría de las veces impunes, lamenta, los dueños se hacen millonarios robándole a la gente y se pasean en sus coches por la ciudad, sin que nadie les haga nada.
Cuestionado sobre qué procede, si sanciones y cárcel para los empresarios, responde que desgraciadamente la Profeco es una entidad del gobierno federal que no tiene efectos coercitivos y eso se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, por lo que debe de reformarse la ley del consumidor para ejercer actos coercitivos por parte del Estado en contra de los empresarios corruptos, “como las gasolineras, porque no es una ni dos, sino más de 15”.
–Si la Profeco no hace nada como usted dice, si no hay sanciones ni cárcel para los culpables, ¿Quedará impune esta situación?
–Casi siempre quedan en la impunidad. Hay mucha impunidad por parte de los gasolineros porque nadie les hace nada, y precisamente por eso pululan las gasolinerías. Sólo en la zona conturbada hay de estos negocios para tapizar una colonia, y no se ocupan tanto, sin embargo es el negocio del año, del siglo, los dueños salen millonarios.
“Aquí lo que hay que hacer es insistirle al procurador general de la Defensa del Consumidor y a los diputados federales que se haga un análisis en Colima.
De igual forma, García Solórzano adelanta que el Colegio de Abogados Penalistas en el Estado se acercará a la senadora Mely Romero Celis para que se aboque al conocimiento de este problema en Colima y de esa reforma a la Ley del Consumidor porque actualmente es obsoleta y se ocupa que sea coercitiva, “para que verdaderamente se les imponga a los gasolineros sanciones severas para que no se aprovechen y se hagan millonarios a costa de la sociedad, hasta robándole a la gente”.
ENCUBRIMIENTO
Al insistir en que “las gasolineras cometen el delito de fraude a todas luces, a ojos de la autoridad reguladora, que sólo hace eso, pero no procede”, el litigante agrega que otra cosa mala que hace Profeco es cometer el delito de encubrimiento, porque en ocasiones anteriores no ha querido dar a conocer las gasolineras con irregularidades, “esto es un menoscabo al patrimonio de la economía familiar”.
“Porque además de los gasolinazos que se han venido dando y continuarán, según la reforma hacendaría; aunado a ello les roban mililitros de gasolina a los colimenses, es un severo y descarado fraude el que comenten los gasolineras (…) Hay gasolineras nuevas y viejas, como la que se ubica en Manuel Álvarez y Nigromante, de La Alameda, que ya ha sido sancionada y es una de las que más ha robado a la ciudadanía”, agrega al citar que una vez llevó un garrafón de 20 litros y le dieron menos litros de lo que pagó.
En cuanto a los nuevos negocios, recuerda el caso del regidor Germán Ochoa, quien es dueño de una gasolinera en la parte norte de la avenida Ignacio Sandoval y “fue protegido por el entonces presidente Ignacio Peralta. Se hizo la gasolinera y ahí está funcionando cerca del centro médico Puerta de Hierro”. Comenta que el día de la tormenta se quedó sin gasolina a 20 metros de este negocio, que estaba saturado porque las otras bombas estaban inmovilizadas, porque no daban la medida establecida por las autoridades.
Pero además de la Profeco, los ayuntamiento también son responsables de estas irregularidades, subraya Mario García Solórzano, ya que son los que autorizan los cambios de suelo, los permisos y no hacen las revisiones correspondientes, “echándole la bolita al gobierno federal a través de Profeco, protegiendo a los empresarios gasolineros”.
Además, añade el penalista, se han dado casos en el estado de que esos mismos gasolineros compran el combustible robado. Evidencia que en los juzgados existen procesos contra personas que se roban pipas de gasolina y las venden en la gasolinera de Colima, como la de la colonia Cuauhtémoc, que fue clausurada por comprar pipas completas de gasolina.
Finalmente exhortó al gobernador Mario Anguiano y a los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez, Federico Rangel y Enrique Rojas, respectivamente; para que “vean esa situación y se regule de una vez por todas las irregularidades de las gasolineras. Y que la autoridad federal las revise periódicamente, no ‘cada venida de obispo’, para que se regulen los sistemas de medición.