* Siete estados más se encuentran en las mismas circunstancias * Sólo en 16 estados se ha condenado a servidores públicos por ese delito * Nuevo León, Distrito Federal y Nayarit encabezan la lista de torturadores sancionados, con 20, 16 y 7 sentencias condenatorias * “Nos enfrentamos con una subcultura de impunidad”: Efraín Naranjo Cortés
COLIMA, Col. (apro).- Durante el periodo de 1997 a 2012, en la mitad de los estados de la república no fue dictada ninguna sentencia condenatoria contra un servidor público por el delito de tortura, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Y más todavía: en ocho de esas entidades —Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas— ni siquiera ha sido estrenada la legislación local para prevenir y sancionar ese delito, pues nadie fue procesado ni juzgado por esa razón.
(En Colima, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura existe desde 1995, esto es, hace 18 años).
Según los registros administrativos del Inegi en materia judicial, en los 16 años que forman parte del periodo referido, sólo 68 servidores públicos fueron condenados por tortura en el país, 20 de ellos en Nuevo León, 16 en el Distrito Federal, 7 en Nayarit, 5 en el Estado de México, 4 en San Luis Potosí, en tanto que Quintana Roo y Chihuahua aparecen con 3; Durango, Morelos y Sonora con 2; y Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz condenaron a una persona por tortura cada uno.
En las entidades restantes hubo casos de procesados, pero doce de éstos fueron absueltos y en otros no hubo registro de la emisión de una sentencia.
Efraín Naranjo Cortés, dirigente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental y miembro de la red de derechos humanos “Todos los derechos para todos”, señala que frente a esta realidad “pareciera que ha sido letra muerta la lucha que hemos dado contra la tortura en las últimas décadas a través de las organizaciones sociales en el país”.
En entrevista, lamentó que la práctica de este delito no ha terminado entre las corporaciones policiacas mexicanas, pero las leyes de la materia han tenido escasa aplicación en algunos estados del país y en otros ni siquiera han sido puestas en vigor.
Dijo que varios organismos defensores de los derechos humanos en el país han constatado que los gobiernos estatales tienen las leyes para prevenir y sancionar la tortura, pero no se valen de ellas para sancionar a los responsables.
A juicio de Naranjo Cortés, la falta de aplicación de la legislación antitortura en buena parte del país obedece a la existencia de “una incultura de la legalidad: dejar pasar, dejar hacer, pero las instituciones en ese sentido pierden su orientación fundamental”.
En estas circunstancias, manifestó, se ha impuesto la cultura de la impunidad, pues “no ha sido posible meter en cintura a quienes delinquen porque hay connivencia, complicidad y tal vez hasta intereses de carácter político para no actuar, situación que hemos visto desde el sexenio de Carlos Salinas hasta la actualidad”.
Calificó como “simbólicas” las cifras de servidores públicos condenados por tortura en el país, que “ni siquiera deberían considerarse estadísticamente como tales, pues la realidad supera mucho más los números que se mencionan y la impunidad va generando esa subconciencia delictiva, a los delincuentes les va quedando claro que no hay justicia y que difícilmente serán castigados”.
Hizo notar que en las últimas décadas los organismos defensores de los derechos humanos han realizado numerosas denuncias de casos de tortura, que a pesar de que muchas veces han llegado al Ministerio Público, no han derivado en sentencia condenatoria contra los responsables de este delito.
“Nos enfrentamos con una subcultura de impunidad, de tal forma que no se le da la importancia debida a cada caso, porque hay una minusvaloración de ese derecho violado y generalmente las denuncias no pasan de las instancias de procuración de justicia porque las archivan y no se consignan ante el Poder Judicial”, concluyó.