Colima, México (25 de febrero de 2014) Los integrantes de la Red Mexicana contra la Minería (Rema) advirtieron que las amenazas que ha vertido la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, está poniendo en riesgo la integridad física y moral de los opositores a la instalación de una mina en la comunidad indígena de Zacualpan, en Comala.
Además, la organización ambientalista Bios Iguana presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por amenazas de muerte, hostigamiento en su contra por el respaldo que le han otorgado a los comuneros de Zacualpan que se oponen a la explotación mineral en su zona.
Aunado a lo anterior, la revista Proceso publicó que Jonathan Ochoa Hernández, abogado de la agrupación, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Carlos Soulé, empleado de la Procuraduría Agraria (PA), por agresiones físicas y amenazas de muerte.
La organización de Afectados por la Minería indicó en su misiva que la delegada María Elena Díaz Rivera acusó a los integrantes de Bios Iguana AC, de presionar a los comuneros de Zacualpan, de extorsión, de robo de recursos, y de tener “sembradíos”, y de traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla”, para causar conflicto en la zona.
Rema junto con la organización chiapaneca Otros Mundos, sentenciaron que la funcionaria federal con sus afirmaciones no sólo trasgrede sus funciones públicas, sino que además se excede al solicitar la fuerza pública en territorio comunal “con la finalidad de amedrentar a los comuneros, pero además se está poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de derechos humanos”.
Rema además sentenció que en la pasada protesta de los comuneros y los integrantes de Bios Iguana celebrada el 21 de febrero pasado, tres integrantes de la organización ambientalista fueron agredidos física y verbalmente.
Derivado de esta situación, un día después de la protesta el abogado de Bios Iguana, Jonathan Ochoa, fue alcanzado en una calle del primer cuadro de la ciudad por el servidor público Carlos Soulé quien iba acompañado por dos personas, y “me dijo que ya estoy advertido, que me va a matar si sigo participando en las protestas contra la Procuraduría Agraria, que ya me deje de mamadas”.
Ante estas agresiones, grupos en defensa de los derechos Humanos en Colima dirigieron una carta al presidente Enrique Peña Nieto; al gobernador Mario Anguiano Moreno; al alcalde de Comala, Braulio Arreguín, y a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, en la que demanda garantías para la seguridad de los activistas opositores a la mina.
Cabe recordar que el pasado 6 de diciembre, mientras realizaba preparativos para la proyección de un video en la plaza principal de Zacualpan sobre los efectos contaminantes de las minas, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, fue detenido temporalmente por policías municipales, por órdenes del comisario municipal Enrique Carpio Rincón, quien le advirtió que no se metiera en los asuntos de ese pueblo.