Colima, México (25 de febrero de 2014).- Además de la fallida estrategia, la falta de policías en el estado y el mal trabajo que realizan algunos funcionarios en materia de seguridad
, contribuyen a que continúe la violencia en la entidad, considera el presidente de los Abogados Penalistas en el Estado de Colima, Mario García Solórzano, luego de que ayer se diera el hallazgo de otro joven ejecutado con tres balazos sobre la brecha que conduce de La Esperanza hacia Pueblo Juárez, Coquimatlán.
“Hay que habilitar a los funcionarios, a los policías. No hay policías: están despedidos 100, 200, 300 policías… no existen. Hay que contratarlos rápidamente y hacerles un examen general porque continúa el déficit de policías, precisamente están estacionadas las patrullas porque no hay quién las maneje, no hay quién vaya sobre ellas”, sostiene en entrevista con Avanzada.
A pesar del hermetismo por parte de las autoridades estatales en dar a conocer cuántos elementos de seguridad han sido dados de baja tras reprobar el examen de confianza y la depuración que concluyó en noviembre del año pasado, en base a casos atendidos y conocidos el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima estima que son alrededor de 300 los policías que fueron despedidos en el estado.
Tras advertir que no cuentan con información precisa, refiere que: “Lo que los mismos policías despedidos que hemos defendido nos han comentado”, es que hay decenas de elementos en esta situación. Expone que él está atendiendo dos casos, pero tiene colegas con tres, cuatro y hasta más de cinco asuntos que están en proceso.
“En total son más de 100 policías estatales que se han dado de baja desde 2012 a la fecha; pero también en el Cereso, en la Dirección del Centro de Readaptación Social ha habido muchos despedidos, y ahí también nos damos cuenta porque acudimos constantemente al lugar y nos percatamos de los incidentes. A algunos los abogados los asesoran, otros aceptan su finiquito que les proponen y otros optan por presentar su demanda, porque son muchos los años que han estado al servicio del gobierno del estado”.
García Solórzano insiste en que son más de 100 policías los que han sido despedidos sólo del ámbito estatal, a quienes habría que sumar todos los despedidos de las direcciones de seguridad pública municipal, de los diez ayuntamientos. “Por ejemplo, a finales del año pasado dieron de baja a más de 15 policías en la Villa, en Comala también, entonces entre todo el estado podríamos hablar que van alrededor de unos 300 policías”.
Por tal razón, y para fortalecer la seguridad en Colima, el representante de los abogados penalistas considera que de entrada se ocupa contratar al mismo número de despedidos, “mínimo 300 -anota-, y conservadoramente otra cantidad igual, porque se supone que tenemos una policía estatal preventiva y una policía estatal acreditable; de esas su función no es de seguridad pública municipal, sino que tienen que andar en las orillas y rincones de todo el estado, dando seguridad en caminos, carreteras, en las ciudades. Se ocupa reponer de inmediato a esos elementos”.
Aunado a lo anterior es necesario cambiar a algunos funcionarios de primer nivel, entre ellos al secretario de Seguridad Pública, Raúl Pinedo Dávila; anota Mario García Solórzano: “Aquí en Colima se ha visto que no funcionan los generales, ni los coroneles, ni ningún miembro del ejército en retiro, como directores o encargados de la seguridad pública. Se debe hablar de un cambio profundo en los mandos, en la capacitación y prevención del delito”.
En meses pasados el entonces presidente del PAN en el estado, Raymundo González Saldaña, expresó que los hechos de violencia y criminalidad en el estado de Colima se incrementaron considerablemente debido a la escasez de elementos policiacos, ya que el gobierno estatal destina a más de 280 agentes de los mil 300 que existen en la corporación “a actividades de seguridad de funcionarios y sus familias”.
Y coincidió con el representante de los penalistas: El gobierno estatal ha dado de baja a más de 100 elementos de Seguridad Pública que no han aprobado los exámenes de control y de confianza, por lo que las corporaciones merman su número de integrantes en perjuicio de la seguridad de la población.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta el año pasado Colima contaba con 358 elementos estatales por cada 100 mil habitantes. A esta cantidad hay que agregar los agentes municipales de los nueve municipios que cuentan con la Dirección de Seguridad Pública.