El deterioro y robo al Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) continúa hoy en día. Vayamos por partes. No existe duda sobre los incumplimientos del rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, en el acuerdo firmado el 28 de febrero de 2013, donde se pretendía concluir el mal manejo administrativo y financiero del Fosap que realizó la universidad del 2001 al 2011. Dicho sea de paso, este conjunto de irregularidades fueron las que se pudieron detectar con la documentación incompleta que la rectoría entregó al equipo de trabajo del gobernador que realizó la auditoría al Fosap.

Uno de los acuerdos no cumplidos que se ha mencionado en diferentes comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, es que a partir del 15 de abril de 2013, el 5% del salario base de los trabajadores universitarios y otra cantidad equivalente al 10% por el mismo concepto aportada por la universidad, se depositarían íntegros a la cuenta del Fosap. Además, la rectoría se comprometía  a que a partir del 1 de mayo de 2013, la nómina del Fosap se cubriría  con la citada cuenta mediante cheque mancomunado entra la rectoría y el Sutuc.

Del conjunto de irregularidades administrativas y financieras detectadas por el equipo de trabajo del gobernador y que se estableció en el acuerdo citado, es importante también señalar lo acordado en el numeral 10: “Es de señalar que, con cargo a los recursos del FOSAP, se cubrieron a Jubilados y Pensionados conceptos como el de Retroactivo, Aguinaldo, Bonos, Reintegros, Días de Complemento, Canasta Básica, Fondo de Retiro y Prima de Antigüedad. La universidad lo hizo así, porque todas las instituciones que pagan Nómina de Pensionados y Jubilados lo cargan a un solo Fondo, y porque  además  la Universidad no tiene una partida de su presupuesto para cubrirla; sin embargo, de acuerdo al reglamento del FOSAP, no prevé  que dichos conceptos deban de pagarse con cargo a los mencionados fondos, ello implica que hay una laguna jurídica en los ordenamientos legales, es decir, no precisa de cuales fondos se deban pagar los citados conceptos”. Para precisar, no debemos perder de vista que los Jubilados y Pensionados deben de recibir una cantidad de dinero por cada uno de los conceptos señalados, sin embargo, con cargo al Fosap, sólo se debe pagar el concepto de salario base; la rectoría tiene la obligación de obtener recursos económicos para pagar los otros conceptos. 

También, de la lectura del párrafo anterior, puedo apreciar las buenas intenciones del equipo responsable que elaboró el acuerdo cuando pretende suavizar los malos manejos administrativos y financieros del Fosap por parte de la rectoría al establecer la existencia de “…lagunas jurídicas en los ordenamientos legales…” A pesar de ello, y como prueba de los malos manejos administrativos y financieros  del Fosap, se estableció en el numeral 11 de citado acuerdo la penalización a cumplir: “Por ello, y con el propósito de llegar a acuerdos  que contribuyan a la armonía de la UdC, se acordó que la institución aportará a la cuenta del Fosap la cantidad de $90´000,000.00, mismos que se cubrirán en el transcurso de los próximos 4 años. En ese sentido, es recomendable que se establezca con claridad en sus ordenamientos legales de qué fondo se deben cubrir los citados conceptos de ingresos  de Jubilados y Pensionados, para evitar en el futuro problemas como los aquí expuestos”.

En su momento, la rectoría no quiso perder la oportunidad de mencionar en  sus comunicados de prensa que depositaría estos 90´000,000.00 al Fosap como un acto de unidad y buenos deseos para apoyar a los trabajadores, para no reconocer que la penalización impuesta, se debió a un ejercicio de justicia  y al inicio de un proceso para respetar el dinero de todos los trabajadores universitarios que aspiran a tener una jubilación o pensión digna.

A pesar de todo lo señalado, el robo al Fosap continúa hoy en día. No debemos perder de vista que los malos manejos administrativos y financieros del FOSAP fueron detectados del periodo 2001 al 2011. Desde 2012 y hasta nuestros días, el pago de la Nómina del Fosap se sigue pagando de la misma forma. Durante el 2012, el pago de la Nómina de Jubilados y Pensionados por concepto de salario base, aguinaldo, prima de antigüedad, canasta básica,  retroactivo, días complementarios, reintegros y fondo de retiro fue de $91´711,873.38. Correspondiendo únicamente al concepto de salario base la cantidad de $69´486,075.03. En pocas palabras, considerando la diferencia entre las cantidades señaladas, durante el 2012, el Fosap fue asaltado nuevamente con  $22´225,798.35. Si consideramos que en 2013 la situación se mantuvo como en 2012, es decir, no se pensionaron o jubilaron mas trabajadores, tendríamos un acumulado de robo adicional al Fosap de $44´451,596.70 que se deben de sumar a los $90´000,000.00 del periodo 2001 al 2011. 

Por lo anterior, resulta razonable, desde el punto de vista de las autoridades universitarias y del pequeño grupo de universitarios que se han beneficiado con el Fosap, sus intentos por dividir al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) y confundir a la sociedad de Colima con el conflicto del Fosap. Los presuntos responsables del Fosap apostaron que con el paso del tiempo, la desinformación, la intimidación, el acoso laboral  y, recientemente, con el  intento fallido por destituir al Secretario General del SUTUC, lograría salir bien librados del problema y continuar recibiendo cantidades obscenas de dinero de las aportaciones de dinero que todos los trabajadores universitarios hacemos cada quincena para aspirar a una pensión o jubilación digna.

Para concluir, el Fosap nunca podrá ser considerado un tema concluido, discutido, firmado y cerrado como declaró el rector, José Eduardo Hernández Nava;  el tema Fosap, por las implicaciones, beneficios y alcances que tiene para  las trabajadoras y trabajadores universitarios sindicalizados y de confianza de nuestra universidad, debe ser un tema siempre abierto, dinámico, transparente y apegado a un reglamento que debe actualizarse para que se garantice siempre el objetivo de tener acceso a una pensión o jubilación digna.

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