** El dinero que debería de llegar a los colimenses a través de programas de gobierno en ocasiones se queda en el camino… muchas veces se ha denunciado que se usa con fines electorales **Falta transparencia para evitar pensar en desvío de recursos y otras irregularidades, advierten.
Colima, México (29 de enero de 2014).- La detención esta semana de dos empleados de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, por extraer recursos de tarjetas 
bancarias que nunca fueron entregadas a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), pone en sospecha la repartición de dineros de diferentes programas federales en Colima.
No es la primera vez que se señala una irregularidad en el manejo de recursos que manejan diferentes dependencias y delegaciones en la entidad. Al estado llegan millones de pesos para beneficiar a colimenses en diferentes sectores: campo, turismo, pobreza, adultos mayores, etc., y se siguen dando casos que cuestionan el destino de ese dinero.
Del presupuesto estatal, por ejemplo, el año pasado la administración de Mario Anguiano Moreno tardó hasta tres bimestres en entregar las pensiones alimenticias por mil 840 pesos cada dos meses a 3 mil 474 adultos mayores. Para octubre de 2013 el gobierno estatal debía más de 19 millones de pesos, aún cuando el dinero ya estaba etiquetado. Algunos actores políticos y sociales consideraron que el gobierno retenía el dinero para quedarse con los intereses que se generaran.
En mayo de 2012, las dirigencias estatales del PAN y del PRD denunciaron el reparto de dinero por parte del gobierno estatal, supuestamente con el objetivo de inducir el voto a favor del PRI en la jornada electoral de julio de ese año. De acuerdo con el presidente perredista en Colima, Juan Óscar Vázquez Chávez, luego de investigar el domicilio donde se entregaban cheques de 900 y 500 pesos de programas estatales, se pudo determinar que pertenecía a María Elena Cruz Mendoza, hermana del entonces coordinador estatal de la campaña del candidato presidencial, Carlos Cruz.
En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que aclaró que la entrega de cheques de 900 y de 500 pesos forma parte de “acciones de gobierno perfectamente establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, que buscan beneficiar a las mujeres del estado que representen el principal soporte económico y se encuentren en situación vulnerable, así como para impulsar el proceso de alfabetización en adultos que lo requieren”.
Por su parte Carlos Cruz Mendoza, ahora delegado de la Sedesol (donde se manejan millones de pesos en programas), se lavó las manos: “Ese es un asunto que yo desconocí, porque en principio mi hermana no vivía en ese domicilio”, aseguró en entrevista con este reportero al agregar que fue un programa que manejó el gobierno del estado, “que fue debidamente aclarado en su oportunidad y en el que yo no me vi involucrado. Yo fui coordinador de la campaña del candidato Enrique Peña Nieto, pero creo que dimos clara muestra de que se manejó siempre la campaña con transparencia y responsabilidad”.
Ese mismo año electoral (2012), el Partido Revolucionario Institucional denunció que el gobierno federal utilizaba el programa Oportunidades, que maneja la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como la entrega de despensas, para coaccionar y pedir el voto en favor de los candidatos de Acción Nacional.
Un año después, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, detalló una serie de mecanismos que el PRI utiliza para tratar de ganar “a la mala” las elecciones, las cuales abarcaban desde la compra directa de votos, reparto de despensas, otorgamiento de apoyos de programas sociales fuera de tiempo y hasta el impedimento de las alianzas.
Ante ello, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno asumía el compromiso de blindar los programas sociales de propósitos electorales, pero la sospecha de desvío de recursos para particulares, funcionarios estatales o propósitos partidistas aún continúa en Colima.
“Es una situación muy grave porque son recursos públicos que se están utilizando con fines electorales, pero tampoco es algo nuevo. Siempre, en toda la historia del PRI y los años que estuvo el PAN en el poder, siempre fue así, los programas sociales se han destinado con fines electorales”, subrayó en entrevista anterior con este reportero José Alberto Cisneros Salgado, quien fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en la capital.
A mediados del año pasado la dirigencia nacional del partido del sol azteca anunció que presentaría una denuncia contra el gobierno de Colima ante la Procuraduría General de la República y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por irregularidades detectadas en la presente administración que encabeza el gobernador priista Mario Anguiano Moreno, que ascienden a mil millones de pesos.
El diputado local Francisco Rodríguez explicó que se han encontrado desvíos de recursos en la Secretaría de Administración y Finanzas; en la Secretaría de Salud con la compra de medicamentos; en la Secretaría de Seguridad Pública, con la compra de equipamiento; en Comunicación Social con la adquisición de espectaculares y la realización de actos con el cantante Ezequiel Peña y en la Secretaría de Educación, donde han dispuesto recursos para actividades proselitistas.
Aunado a ello, Armando Quiñones, presidente de la Fundación Actitud 2000, sostiene que hay desvío de recursos en la Secretaría de Educación local con fines electoreros.
Mientras, tan sólo para apoyar al sector agroalimentario en la entidad, el titular de la Sagarpa Enrique Martínez y Martínez y el gobernador de Colima Mario Anguiano Moreno firmaron el primer convenio de concurrencia 2014 entre la dependencia federal y un gobierno estatal, el cual considera un presupuesto por más de 144 millones de pesos, de los cuales 126.3 millones provienen de la Federación y el resto será aportado por el gobierno del estado.
Por otro lado, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado dio a conocer hace unos días las nuevas reglas de operación del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico 2014.
Según datos del Índice de Corrupción y Buen Gobierno, de 2007 a 2010 en Colima hubo un retroceso de siete puntos, pasando de ser una de las entidades más bajas con 3.1 a igualarse al índice nacional de 10.4 en 2010. De acuerdo a una evaluación reciente realizada por dos organizaciones no gubernamentales, 26 organismos estatales de transparencia y acceso a la información tienen calificaciones menores al 60 por ciento, el de Colima es uno de ellos.
Este mes los organismos Artículo 19 y México Infórmate dieron una calificación general a Colima de 52.3 por ciento en transparencia y acceso a la información, lo que la ubica en la posición número 22.